Aunque los trabajadores de Bilbobus y la empresa adjudicataria volverán a reunirse hoy para tratar de acercar posturas, el Ayuntamiento de Bilbao ha emprendido su propio camino para zanjar el conflicto laboral. De esa manera, en una junta de gobierno que tuvo lugar el pasado viernes, se inició el procedimiento para rescindir el contrato que ata a Biobide (ALSA-Transitia) a cumplir con la licitación que se concedió en 2019, con un montante de 500 millones de euros, para los siguientes diez años. Según se anunció en el último pleno municipal, tras barajar diferentes salidas posibles, desde el Consistorio se ha optado por la “resolución por incumplimiento contractual no culpable”, lo que facilitará que la empresa no tenga que pagar una fianza de más de 20 millones de euros. Después de invalidar el contrato, el objetivo es volver a sacarlo a licitación y adjudicarlo en el menor tiempo posible.
Con ello, el Ayuntamiento de Bilbao espera desencallar el conflicto laboral que mantienen los trabajadores, en huelga indefinida desde el pasado 9 de abril, para reclamar las subidas salariales pactadas con la empresa. Según explicó Nora Abete, concejala de Movilidad, meses antes de que se adjudicara el contrato, la concesionaria anterior firmó un acuerdo de subida salarial de 1,5 puntos sobre el IPC para 2020 y 2021. Los pliegos de condiciones del nuevo contrato estimaban una subida de 2,3 puntos para cada uno de los diez años. Sin embargo, como consecuencia del covid, el IPC fue de 6,5, suponiendo una subida salarial del 8% en 2021. Aunque la concesionaria lo asumió, cumpliendo el convenio, no pudo afrontar las nuevas subidas de IPC de 5,7% en 2022 y un 3,1% en 2023.
SUBIDA SALARIAL
De esa forma, la empresa trasladó al Ayuntamiento que no podría comprometerse a ninguna subida salarial, ya que “le supondría un fuerte desequilibrio económico del contrato y una quiebra económica”. Así, con el sueldo congelado desde 2021, los trabajadores reclaman desde hace dos años una subida salarial a través de movilizaciones que, a partir del 9 de abril, se tornaron en una huelga indefinida. Paralelamente, el Ayuntamiento de Bilbao lleva varios meses buscando alternativas que satisficieran los dos intereses contrapuestos, de forma que los trabajadores pudieran percibir el salario acordado y la adjudicataria no tuviera dificultades para pagar los jornales de la plantilla, compuesta por 650 personas. Sin embargo, a principios de marzo alegaron que aún no se habían encontrado “las garantías jurídicas necesarias” para modificar el contrato o rescindirlo.
Fue en el pleno de abril cuando el alcalde Juan Mari Aburto mencionó la “resolución por incumplimiento contractual no culpable” como la solución viable hallada por los servicios jurídicos municipales. Con ello, en palabras de Nora Abete, el área que dirige sacaría una nueva licitación, en el plazo de tres meses, con la que poder dar respuesta a las demandas salariales de los trabajadores del transporte público colectivo urbano.
COMUNICADO ASOCIACIONES
No obstante, desde ese último hemiciclo, los trabajadores y la empresa han vuelto a reunirse al menos una vez más sin llegar a ningún acuerdo. De hecho, el comité de empresa envió ayer un comunicado a las asociaciones vecinales exponiéndoles los motivos de la huelga. “Entendemos el daño y molestias que pueden generar a la falta de transporte público”, admiten en la misiva, en la que instan a los vecinos a reclamar al Ayuntamiento una resolución que “proteja los intereses de los trabajadores, asegure la continuidad del servicio y minimice las molestias para los residentes de los barrios”. Hoy habrá una nueva oportunidad para llegar a un pacto que ponga fin a los paros que afectan, sobre todo, a aquellos bilbainos residentes en los barrios altos de la ciudad.
