El Ayuntamiento de Bilbao incluirá a Abando e Indautxu entre las zonas tensionadas del mercado de la vivienda si finalmente cumple los criterios para ellos en las memorias que ya está elaborando para remitir al Gobierno vasco esta petición. El estudio preliminar realizado por el Ejecutivo de Gasteiz sobre la situación del mercado residencial en Euskadi excluía únicamente al distrito 6 de ese listado, debido a las elevadas rentas de sus vecinos.
El pleno ordinario ha debatido una propuesta de Elkarrekin Bilbao, que ha criticado que el estudio preliminar realizado por el Gobierno vasco haya excluido a esta zona bilbaina, "precisamente donde la vivienda es más cara e inaccesible. Carece de sentido". Según ha señalado su portavoz, Ana Viñals, la razón es que el criterio de renta familiar se ha tenido en cuenta a nivel de distrito, y no de barrio. "Con esta medida no se avanza en la cohesión residencial, todo lo contrario, ya que queda excluido precisamente el distrito en el que la vivienda es menos accesible", ha lamentado. Por eso, ha pedido que se modifiquen los criterios, "si el objetivo es precisamente evitar la segregación residencial".
EH Bildu había planteado una enmienda a esta propuesta, que ha sido rechazada, tanto para evitar ese elemento "distorsionador" en el distrito 6 como para acelerar los trámites para que el Ayuntamiento, como establece el protocolo a seguir, solicite la declaración de zona tensionada. Su concejal Karlos Renedo ha subrayado la necesidad de incluir, en el plan de acción que deben elaborar el Consistorio, la construcción de más parque público, movilizar las viviendas vacías, controlar los pisos turísticos y limitar los precios de los alquileres. "Esta medida no es la panacea pero es buena para mejorar la vida de las personas al abrirnos un abanico de posibilidades", ha advertido.
La concejala de Vivienda, Yolanda Díez, ha recordado que el objetivo de esta medida es "favorecer la vivienda accesible allí donde hay problemas, bien por una elevada demanda o una oferta escasa". Para que un área o municipio pueda tener la declaración de zona tensionada, se han establecido dos criterios, la evolución del precio de las viviendas por distritos y el esfuerzo que tienen que hacer las familias para asumir ese coste. Los datos del estudio preliminar que ha elaborado el Gobierno vasco en todo Euskadi establece que en Bilbao hay determinadas zonas que pueden ser declaradas como tensionadas, "y es aquí donde tenemos un criterio diferente: ustedes creen que se puede declarar toda la ciudad y nosotros no, porque no cumplen los requisitos".
Para lograr esa declaración, el Ayuntamiento debe ahora realizar una petición formal al Gobierno vasco, acompañándolo con una memoria justificativa, abriendo un periodo de participación ciudadana para que puedan plantear alegaciones y un plan de acción para tres años con las medidas a adoptar para hacer frente al problema. "Estamos trabajando ya en ello y lo queremos hacer de forma rigurosa", ha avanzando Díez, quien también ha señalado que "si en el distrito 6 encontramos zonas tensionadas las vamos a recuperar".
El concejal Asier Abaunza ha pedido también la palabra para explicar su postura respecto a la Ley de Vivienda del Gobierno español que incluye esta medida, que consideran incumplen competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas. "Euskadi es referente en políticas de vivienda y vamos a seguir avanzando, impulsando la construcción de más vivienda pública", ha destacado.
Pero si ha habido un partido crítico con esta medida ha sido el PP. "Están trasladando a los particulares la responsabilidad del Estado de garantizar una vivienda digna a sus ciudadanos", ha arremetido contra los socialista su portavoz, Esther Martínez, quien ha enumerado que, desde que se anunció el canon de vivienda vacía el 25% de las viviendas en alquiler residencial se han ido al alquiler temporal. "Allí donde se han aprobado estas zonas tensionadas, lo único que se ha conseguido es retirar viviendas del mercado. Van a hacer un daños enorme a las familias", ha criticado, para recordar que la ley se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional.
