Bilbao - El Ayuntamiento de Bilbao considera que tiene una “elevada probabilidad” de que los tribunales fallen a su favor frente al recurso contencioso-administrativo presentado por parte de los promotores de la macrodiscoteca de Deusto tras la decisión municipal de denegarles la licencia. Así lo anunció ayer Asier Abaunza, concejal de Planificación Urbana de la villa, quien aseguró que el Consistorio ha alegado un “expediente bien armado” al que los promotores de la discoteca, que planeaban un local con un aforo para cerca de 2.000 personas en los bajos de un pabellón industrial de Deusto, no tendrían posibilidad de impugnar debido a los condicionantes técnicos esgrimidos que en ningún caso tienen que ver con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
De esa forma, Abaunza, quien compareció a petición de Samir Lahdou, portavoz de Ganemos Bilbao, explicó que el local en cuestión carece de “requisitos imprescindibles para desarrollar la actividad”. En ese sentido, destacó la imposibilidad del edificio “de realizar la extracción de aire” debido a que no hay patios por los que se pudieran sacar los tubos y no se permiten las extracciones directas a la fachada. Respecto a la opción de agujerear el forjado de las cuatro plantas del edificio para que se efectúe la extracción del aire, el concejal de Planificación Urbana declaró que “la comunidad de propietarios del inmueble se ha manifestado en contra”, por lo que consideró que se trata de “un problema insalvable”.
A falta de sentencia, Abaunza hizo referencia a los escenarios posibles después de que el juez falle el veredicto. En el caso de que se determinase que lo alegado por el Ayuntamiento no es obstáculo para la tramitación de la licencia, se volvería a denegar la licencia por causas urbanísticas; ya que la fecha de modificación del PGOU (el 5 de febrero) -que no permite la instalación de discotecas con un aforo superior a 300 personas a menos de 200 metros de hospitales, colegios y residencias para mayores- es anterior a la resolución de la licencia (el 25 de febrero). Otra posibilidad, que se considera “poco probable”, es que el juez falle a favor del promotor, quien tendría “un plazo de 6 meses para realizar la extracción de aire a través de la propiedad”, cuyos propietarios están en contra. De no resolver ese obstáculo, “la licencia se caducaría y se quedaría exactamente igual”.
Entre las preocupaciones manifestadas por la oposición, destacó la eventualidad de que se deba indemnizar al promotor de la discoteca y, en ese caso, de dónde saldría el dinero para dicha compensación. Tanto Samir Lahdou, portavoz de Ganemos Bilbao, como Carmen Muñoz, portavoz de Udalberri, se manifestaron en ese sentido, anticipándose a la posibilidad de que el juez dictamine a favor del empresario. “No creemos que el demandante tenga fundamentos suficiente para reclamar ningún tipo de indemnización”, respondió Abaunza con el apoyo del director de Urbanismo, Agustín Arzua, y con una firmeza que es aplicable a cualquiera de las dos contingencias posibles, tanto si el juez falla a favor como en contra.
Por su parte, Aitziber Ibaibarriaga, portavoz de EH Bildu, denunció que el gobierno municipal “ha buscado un resquicio técnico para una mala gestión política de este tema”. En alusión a la modificación realizada en 2012 de la Ordenanza de Hostelería, Ibaibarriaga apuntó que, tal y como su coalición avanzó, “con cambiar el requisito de que estas macrodiscotecas tenían que estar en edificios industriales no era suficiente”. Una apreciación que coincidió con la realizada por el PP, ya que su concejal Oscar Fernández Monroy señaló que el Ayuntamiento no puede estar “parcheando” las ordenanzas cuando se produce un problema.Por ese motivo, Ibaibarriaga expuso que aunque todos los partidos estén de acuerdo con que no es “acertado” que haya una macrodiscoteca en Deusto, “se ha tomado una decisión política antes de tener los informes de denegación de licencia”.
En respuesta a la portavoz abertzale, Asier Abaunza expuso que “no ha habido ningún resquicio técnico porque se le hubiera contestado igual sin problemas vecinales” y reconoció que “hubo un impulso político en la decisión de hacer una modificación para que la implantación de estas actividades en pabellones industriales estuviera más matizada”.