Las empresas vinculadas con paraísos fiscales, sin ayudas

Así lo pide Bruselas, que solicita restricciones para entidades con “delitos financieros graves”

15.07.2020 | 00:14

bruselas – La Comisión Europea pidió ayer a los gobiernos de la UE que no concedan ayudas públicas en el marco de sus medidas de estímulo ante la crisis del coronavirus a empresas vinculadas con países incluidos en la lista europea de paraísos fiscales, que en la actualidad está integrada por doce jurisdicciones. Esta lista negra está compuesta por Samoa Americana, Islas Caimán, Fiji, Guam, Omán, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas, Vanuatu y Seychelles. En la misma línea, Bruselas también aboga por aplicar restricciones en el caso de empresas que han sido condenadas por "delitos financieros graves", como fraude, corrupción o impago de impuestos y cotizaciones sociales, entre otros. Se trata, sin embargo, de una recomendación por parte del Ejecutivo comunitario, puesto que corresponde a los Estados miembros decidir, en primer lugar, si destinan fondos públicos a ayudar a su tejido empresarial y, en segundo lugar, establecer condiciones para conceder este tipo de apoyo excepcional.

ayuda financiera El Ejecutivo comunitario aboga también por establecer una serie de condiciones a las que debería supeditarse la ayuda financiera, así como una serie de excepciones "estrictas" al criterio general para "proteger a contribuyentes honrados". De esta forma, propone que empresas que mantengan vínculos con paraísos fiscales puedan acceder a las ayudas en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si demuestran que han abonado los impuestos correctos o acreditan una presencia económica real en el país que forma parte de la lista negra.

Aun así, las autoridades comunitarias aconsejan a los Estados miembros que introduzcan "sanciones adecuadas" para evitar que las empresas que soliciten ayudas faciliten información falsa e inexacta con el objetivo de beneficiarse de estas excepciones. Los gobiernos europeos que adopten medidas en línea con estas recomendaciones tendrán que informar a la Comisión Europea, que elaborará un informe de impacto sobre las mismas en el plazo de tres años.

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