Bilbao - Kepa -nombre ficticio- es un joven que en el curso de su trabajo como socorrista en las instalaciones deportivas de una urbanización de Plentzia se encontró con un “caso de falsificación” de las acreditaciones obligatorias para desempeñar este trabajo. Decidido a no mirar hacia otro lado, Kepa se ha encontrado con innumerables dificultades, elusión de responsabilidades, derivaciones de unas instancias a otras y un laberinto judicial. “Quise presentar la denuncia por mí mismo, pero al final he tenido que contratar a una abogada y gastarme mi dinero”, explica sobre un periplo en el que lleva meses metido y que aún no tiene un horizonte cierto.
“Decidí denunciar, pero me está costando mucho, no llego a ningún lado. En la delegación de Trabajo se han desentendido; en Sanidad, también”, enumera Kepa al narrar los primeros pasos que dio para intentar destapar las presuntas “trampas” del empresario que contrató a una persona para ocupar el puesto de socorrista que, hasta mediados de verano, desempeñaba él “sin reparar en que ese chaval no tenía los reciclajes obligatorios de sus titulaciones”. Tras muchas gestiones infructuosas, Kepa terminó contratando a una abogada que, finalmente, ha conseguido que la denuncia sea admitida y “parece que ahora la Guardia Civil ha abierto una investigación sobre la presunta falsificación”.
Más allá del caso que intenta que sea investigado, Kepa pretende que “esas personas que usan atajos para saltarse las normas y que tiran de amiguismos para favorecer sus negocios” queden en evidencia. Espera que su denuncia “pueda servir para que los que realizan esfuerzos personales y económicos en formarse y mejorar en su profesión no se vean perjudicados por gente que utiliza su posición para saltarse todas las reglas existentes y beneficiarse de ello”. Considera que las irregularidades que denuncia generan dudas sobre la profesionalidad del sector y la seriedad en el desempeño de las funciones exigidas a los socorristas, “haciendo que pueda parecer que es posible prescindir de la formación requerida”.
Con estas acusaciones se refiere al responsable de la empresa EHDC (El Hombre De Confianza), que es la firma que suministra diversos servicios y empleados -entre ellos los socorristas de piscinas- a urbanizaciones y otros clientes. Para denunciar esas presuntas prácticas irregulares, Kepa se ha metido en una cruzada personal que comenzó en el verano de 2018 cuando se quiso contratar “a un chaval que no tenía actualizados los papeles necesarios y el jefe de EHDC dijo que él lo arreglaba porque alguien le iba a firmar que esos reciclajes obligatorios se habían hecho”. “Lo hicieron tan mal -cuenta Kepa sobre la actuación de su exjefe, “con la colaboración, según confesó él mismo”, de un miembro de la entidad que da los cursos- que al chaval contratado le dieron como realizado el reciclaje con un curso que yo mismo había hecho y sé perfectamente que ese chico no asistió, ni lo hizo ni participó en él”.
Sobre la trascendencia del caso denunciado, Kepa puntualiza que con los reciclajes obligatorios para socorristas en activo “hay cierta flexibilidad en los plazos”, sin embargo “hay que hacerlos”. “Lo que pasaba con el chico que habían contratado es que no solo no había hecho los cursos a tiempo, sino que no había actualizado su formación en, al menos, una década, de forma que los reciclajes no eran suficientes y tenía que volver a realizar toda la formación”, sostiene el denunciante.
Las consecuencias La pretensión inicial de Kepa era denunciar una presunta falsificación de certificados de haber realizado cursos de reciclaje para titulados en Socorrismo y Primeros Auxilios, convencido de que no será el único caso. Pero la realidad con la que se tropezó desde el primer momento le ha hecho replantearse algunas cosas. Aunque aún sigue adelante con su denuncia, lo que quiere destacar ahora son las dificultades para “que un ciudadano pueda hacer lo correcto” y acabar con prácticas presuntamente irregulares. “Yo no tengo nada que ganar con esto y sí mucho que perder. Ya estoy pagando las consecuencias de haber hablado con Sanidad para alertar de que no se cumplían las normas sobre la formación de las personas encargadas de la seguridad en piscinas”, sostiene Kepa, que dice ser consciente de que con esta decisión se ha cerrado muchas puertas laborales, ya que su exjefe le “advirtió seriamente” de que si no cesaba en su actitud utilizaría sus contactos para asegurarse “de que no volviese a trabajar en todo Bizkaia”.
Cuenta que sus gestiones para informar de sus sospechas de que se “estaban falsificando” certificados empezaron el verano pasado, “pero al final, tras no encontrar más que trabas y salir rebotado, tanto de Sanidad como de Inspección laboral, paré un poco. También intenté que la entidad que expide la formación y los títulos iniciara una investigación interna. Ahí tropecé con su sistema de denuncia. Opté por denunciar a través de una firma externa, pero tras rellenar un formulario no me confirmaron que hubieran recibido mi información ni me dieron un número de expediente”. Tampoco encontró mucha colaboración entre los responsables administrativos de la urbanización en la que había que cubrir el puesto de monitor y socorrista y donde él detectó que el nuevo contratado carecía de los cursos preceptivos.
Hace apenas unas semanas, sin embargo, Kepa se decidió a hablar con el presidente de la entidad que supuestamente expidió los certificados y ahí fue donde “por primera vez alguien se tomó en serio la gravedad de la situación” que denunciaba, abrió una investigación a raíz de su testimonio y puso en marcha los mecanismos necesarios para esclarecer lo sucedido.
Antes de dar ese paso, Kepa, al ver que chocaba una y otra vez contra el muro administrativo -“en unos casos argumentaban que era un tema de competencias, en otros hablaban de la Ley de Protección de Datos”-, terminó optando por la vía judicial, donde tampoco se lo han puesto fácil. Así, a finales de diciembre del año pasado y al segundo intento, pudo presentar denuncia y aportar pruebas en un juzgado de Getxo. “Hice todos los papeles para presentar la denuncia por mí mismo, pero tuve que contratar a una abogada. Incluso así hubo un archivo provisional que fue recurrido por mi letrada. El Ministerio Fiscal se mostró de acuerdo con el recurso y solicitó pruebas, de manera que ahora ya se va a investigar”, concluye.
la empresa Por su parte, un responsable de la empresa EHDC negó cualquier relación con los hechos denunciados y achacó la presentación de la denuncia a “una venganza” por una cuestión laboral. Recordó que se trata “de un tema abierto, bajo investigación judicial y policial” y acusó al extrabajador de “extorsión”. “La empresa no ha falsificado ni ha hecho nada irregular y así lo hemos declarado”. “Esto viene de un enroque laboral”, aseguró el responsable de la firma.
