Más de 90.000 comunicaciones de inicio se han emitido en el proceso extraordinario de regularización

Un total de 91.505 comunicaciones de inicio se han emitido en el proceso extraordinario de regularización. Se trata de "un previo chequeo de la comprobación del cumplimiento de los requisitos esenciales para su concesión", ha señalado este jueves laAbogacía del Estado en la vista que se celebra en el Tribunal Supremo para escuchar varias peticiones de paralizar de forma cautelar el real decreto que regula este procedimiento.

Se han presentado 549.596 solicitudes por parte de migrantes a este proceso que arrancó el pasado 16 de abril y que se cerrará el próximo 30 de junio. La Abogacía del Estado ha informado de las cifras, que hasta ahora no se conocían, para defender que el procedimiento tiene una serie de requisitos que hay que cumplir y analizar.

Unos 5000.000

La estimación inicial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es que se beneficien de esta medida unos 500.000 migrantes (aproximadamente 250.000 solicitantes de protección internacional y otros 250.000 migrantes que se encuentran en la actualidad en situación irregular). No obstante, apuntaban a que el número de expedientes a tramitar sería mucho mayor, y aseguraban que estaban preparados para hacerle frente.

Desarrollo con normalidad

Esta misma semana, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, señalaba en el Congreso que el procedimiento de regularización se está desarrollando "con normalidad". "Es verdad que en las primeras semanas hubo una afluencia mucho mayor, es normal, contábamos con ello, pero creemos que tenemos capacidad para responder con los recursos, con la información, con la actualización constante", recalcó sin especificar el volumen de solicitudes ya registradas.

Las partes convocadas este viernes a la vista del Supremo que reclaman la suspensión cautelar de la regularización son Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid. Inicialmente fechada para el 13 de mayo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo tuvo que retrasarla por necesidades del servicio, según una providencia recogida por Europa Press.