La Comisión Ejecutiva de Eudel ha dado este jueves su visto bueno al denominado padrón social para tratar de poner freno a los abusos que se están dando en torno al empadronamiento, como cobrar ilegalmente por este derecho. La asociación de municipios vascos ha aprobado un documento de criterios en el que llevaba meses trabajando para homogeneizar la gestión del padrón de personas vulnerables o en situación de exclusión social-residencial y ahora serán los ayuntamientos quienes deberán bajar a tierra estas recomendaciones.
El padrón social no es algo nuevo, de hecho, ya se venía aplicando en algunos consistorios para mujeres víctimas de violencia o personas sin hogar, pero con este paso Eudel incluye en sus criterios la posibilidad de empadronar en un “domicilio ficticio” a personas a quienes se les está negando este derecho. Es decir, que el hecho de proceder a realizar un empadronamiento de oficio suponga para ellas quedarse sin residencia o sin trabajo (en el caso de las mujeres internas). Esto es lo que le está ocurriendo a muchos inmigrantes, quienes no pueden empadronarse en las viviendas donde residen porque conviene que sean invisibles a los ojos de las autoridades por diferentes motivos, y terminan pagando por el padrón a unas redes que se están lucrando y que están proliferando en los últimos años al calor de la crisis de vivienda.
Tratar de acabar con esta actividad ilegal y proteger a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad es el espíritu de esta medida. La vía para ello es equiparar su realidad a la de una persona sin hogar y, previo informe de los servicios sociales de cada ayuntamiento, se proceda a realizar el empadronamiento en un “domicilio ficticio”. Esta ha sido, de hecho, la exigencia de Errolda Kanpaina, una plataforma creada hace dos años que lucha por que todas estas personas puedan acceder a un padrón social.
Llevarlo a la práctica
Pero tras este primer paso, ahora serán los ayuntamientos quienes deben llevarla a la práctica y quienes deberán establecer, en cada caso, cuál es ese “domicilio ficticio” en el que se podrá empadronar a estas personas. En algunos municipios donde ya se aplica, por ejemplo, es el local donde se encuentran los servicios sociales o alguna vivienda municipal. “Como todas las recomendaciones de Eudel, tales criterios son meramente orientativos. Será cada ayuntamiento, desde su autonomía local, quien decidirá la aplicación de los mismos, adaptándolos a su realidad social, municipal y a sus recursos y organización interna”, señalan desde la asociación de municipios vascos.
Una tarea que no es fácil, porque debe analizarse caso por caso y dependerá de los recursos que tenga cada ayuntamiento. El documento de Eudel establece dos posibles situaciones. La primera, que la persona ya esté en el radar de los servicios sociales. En este caso, la recomendación es que estos lleven a cabo un informe de residencia y determinen la dirección que debe aparecer en el padrón. La segunda, que no sea una persona conocida. Entonces se deberá realizar la comprobación de que la persona reside en el municipio –en el caso de las familias con hijos menores, el certificado de escolarización se considera un documento de prueba “privilegiado”– y el órgano competente que lleve a cabo este proceso deberá emitir un informe a los servicios sociales para que estos continúen con el trámite.
Eudel es consciente de esta medida está dirigida principalmente a personas migrantes, que es a quienes está afectando más esta realidad, y destaca en el documento la importancia del padrón como elemento clave para regularizar su situación. “El padrón nos sirve para tener una foto real de las personas que residen en nuestro municipio y poder garantizar los derechos de ciudadanía plena e inclusión social, ya que el padrón es la llave de acceso a una serie de prestaciones como la renta de garantía de ingresos, vivienda, etc. Se trata de dejar constancia de la realidad de todas las personas que construyen, con su presencia y su trabajo, el día a día de nuestros municipios”, asegura la presidenta de Eudel, Esther Apraiz.
Errolda Kanpaina
La medida ha sido acogida de forma positiva por Errolda Kanpaina, quienes consideran que se han recogido todas sus demandas: “Que todas las personas residentes en el municipio deben estar empadronadas, que las normas deben actualizarse adecuándose a las nuevas realidades sociales y que el empadronamiento es fundamental para la inserción social de las personas”. Germán García Marroquín, miembro de la plataforma, considera que incorporar en los criterios a las personas que residen en un domicilio con dificultad para empadronarse por impedimento de terceros “es la solución para miles de personas que permanecen en estos momentos en un limbo jurídico”.
Ahora solo espera que los ayuntamientos cumplan con estas recomendaciones “sin demoras y fiel en su contenido”. “Mantendremos una tarea de seguimiento sobre su aplicación (...) hemos acordado con Eudel mantener una relación de colaboración en este proceso”, explica, recordando que no todos los ayuntamientos aplican el padrón social a las personas sin hogar, algo que ya deberían hacer.
