La ofensiva contra los pisos turísticos ilegales se multiplica en Euskal Herria. En los últimos tres años, el Gobierno vasco ha tramitado más de 550 expedientes sancionadores mientras que en Nafarroa las multas por operar sin licencia pueden alcanzar los 9.000 euros.
La presión se ha incrementado también en el Estado. El Ministerio de Consumo ha ordenado recientemente la retirada de casi 66.000 anuncios de Airbnb en todo el Estado por incumplir la normativa vigente. Entre ellos, figuran anuncios de viviendas ubicadas en Euskadi. El resto corresponden a Andalucía, Catalunya, Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares.
La actuación del Ministerio se enmarca dentro de una estrategia para frenar la proliferación de viviendas turísticas que operan al margen de la legalidad. La Dirección General de Consumo ha detectado tres grandes irregularidades en los anuncios eliminados: la ausencia del número de registro o licencia, la falta de información sobre si el arrendador es un particular o una empresa, y el uso de licencias falsas.
Situación en Euskal Herria
Euskal Herria cuenta a día de hoy con 6.510 viviendas turísticas. La mayoría de ellas se encuentran en la CAV. Según datos del Departamento de Turismo del Gobierno vasco, hay registradas cerca de 5.000 viviendas —2.762 en Bizkaia, 1.953 en Gipuzkoa y 217 en Araba—. Para garantizar que todas las viviendas cumplan con la de la normativa, se han realizado más de 2.300 inspecciones en los últimos tres años. Estas pueden ser presenciales o a través de rastreos web que permiten identificar ofertas sin número de registro, alojamientos con más plazas de las autorizadas o duplicidades.
Por su parte, Nafarroa cuenta con 1.578 viviendas destinadas al uso turístico. A finales de 2024 eran un total de 1.459 viviendas, lo que supone un incremento del 8,15%. Además, hay inscritos en el registro 4 bloques de apartamentos turísticos.
Por otro lado, durante el año paso se contabilizaron 282 expedientes de inicio de actividad y se produjeron 45 ceses de actividad. A esto hay que añadir que se dieron de baja 26 apartamentos turísticos y 6 viviendas.
“Es una clara victoria para quienes luchan para proteger el derecho a la vivienda. Cuando se actúa con voluntad política y con determinación para poner orden en materia de vivienda, los resultados avalan estas actuaciones”
El Gobierno foral está intensificando los controles con el fin de evitar la proliferación de las viviendas ilegales. En 2024, se llevaron a cabo 77 actividades de control con 33 expedientes sancionadores, el triple que en 2023, cuando únicamente se registraron 10 expedientes.
En lo que va de 2025, el Ejecutivo navarro ya ha abierto 6 nuevos expedientes y ha realizado 9 inspecciones específicas en viviendas ofertadas a través de plataformas digitales. Las sanciones por operar sin estar inscrito en el Registro de Actividades Turísticas oscilan entre los 1.200 y los 9.000 euros.
Los tribunales avalan la medida
La lucha contra los alojamientos turísticos irregulares tiene también lógicamente una dimensión estatal. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado la orden del Ministerio y obliga a Airbnb a eliminar de inmediato 5.800 anuncios como primer paso de una ofensiva más amplia que afectará a toda su cartera. La plataforma ha recurrido la medida, pero la justicia ha ratificado la decisión de Consumo.
“Esta práctica potencia los alquileres ilegales por parte de profesionales y particulares”
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, considera el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), como un “gran victoria” en defensa por la vivienda. “Creo que es una clara victoria para quienes luchan para proteger el derecho a la vivienda y creo también que es la demostración de que cuando se actúa con voluntad política y con determinación para poner orden en materia de vivienda, los resultados avalan estas actuaciones”, reconoció Bustinduy.
La actuación del Estado no es un caso aislado. En diciembre de 2024, inició un proceso contra una de las grandes firmas del sector por no indicar el número de licencia. En febrero de 2025 hizo lo propio con varias gestoras por no especificar el tipo de arrendador, y el pasado 27 de marzo abrió un expediente a una gran inmobiliaria por prácticas abusivas contra inquilinos.
¿Por qué son ilegales los anuncios?
Desde la Dirección General de Consumo se argumentan tres razones para justificar la ilegalidad de los anuncios que se han detectado en Airbnb y que estarían incumpliendo diferentes normativas. En primer lugar, los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas, lo que supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.
Asimismo, los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, de forma que se desconoce si estos son profesionales o particulares, algo fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.
En tercer lugar, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades.
Respuesta de Airbnb
La reacción de la plataforma ha sido inmediata. En declaraciones a Europa Press, un portavoz de Airbnb ha acusado al Ministerio de emplear una “metodología indiscriminada” para confeccionar su listado de anuncios ilegales. Según la compañía, se han incluido ofertas que sí disponen de licencias en vigor y otras que podrían no necesitarlas, como los arrendamientos de temporada.
“Vemos urgente acabar con este tipo de alojamientos cuyo uso es antisocial”
Desde Airbnb, mantienen que son una plataforma sujeta a la Ley de Servicios Digitales que no tiene obligaciones de supervisión. Además, recuerdan que en enero de 2022, el Tribunal Supremo dictó una sentencia “clave”, a su juicio: “La información de los anuncios, incluido el número de registro cuando ello es necesario, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia”.
Sobre su registro de anuncios des Airbnb defienden que “siempre” se les avisa a los anfitriones de que deben cumplir con la normativa local y autonómica, y advierten que quienes no respeten las políticas “pueden ser eliminados de la plataforma”.
Organizaciones de consumidores y sindicatos piden medidas ejemplares
Organizaciones de defensa del consumidor como Facua han celebrado la decisión del Ministerio y reclaman que se imponga una sanción “contundente” a la plataforma. En un comunicado, la asociación señala que, según su visión, estas prácticas de Airbnb atentan contra la legislación vigente y contribuyen a “potenciar los alquileres ilegales tanto por parte de profesionales como de particulares”.
Por su parte, los sindicatos de Inquilinas piden “cerrar” las viviendas de uso turístico. “Vemos urgente acabar con este tipo de alojamientos cuyo uso es antisocial y dedicar todas esas viviendas a un uso social. No falta oferta, la oferta está secuestrada en manos de los rentistas a través de estos pisos turísticos o de viviendas vacías”, denuncian desde el colectivo en un comunicado conjunto.
Mientras tanto, Airbnb recuerda que mantiene acuerdos de colaboración con algunos gobiernos autonómicos para reforzar el control de la oferta y promover un turismo “sostenible y equilibrado”.
Requisitos para contar con una vivienda turística
Uno de los requisitos clave para legalizar una vivienda turística es presentar una declaración responsable que acredite el compromiso con las obligaciones legales del sector. Este trámite debe formalizarse ante la Dirección General correspondiente. Una vez completado, es necesario inscribir la vivienda en el registro oficial de alojamientos turísticos, lo que habilita su actividad de forma legal. Para ello, el Gobierno central ha creado la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, gracias a un real decreto publicado a finales de 2024.
Este registro garantiza su identificación y facilita la supervisión por parte de las administraciones locales y nacionales. Además, las plataformas digitales deben compartir periódicamente los datos relativos a los alojamientos con la Ventanilla, asegurando así el cumplimiento normativo y combatiendo prácticas irregulares.
El objetivo de todas estas medidas es garantizar que las plataformas y los arrendadores cumplan con la legalidad vigente.
