El Gobierno vasco no va a plantear recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales al llegar a un acuerdo con el Estado.
La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, anunció en junio la interposición del recurso por vulneración de competencias y porque según el Ejecutivo vasco la ley mermaba la capacidad para el desarrollo de las normas vascas.
Tras una negociación de varios meses, ambas administraciones han cerrado sus discrepancias y de este modo Euskadi comunicará al alto tribunal su intención de no seguir adelante con el recurso al entender que, con las modificaciones, se asegura la salvaguarda de las competencias vascas.
El acuerdo se ha cerrado este viernes con la firma del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y de la consejera Garamendi.
Según el Gobierno Vasco, el Estado ha realizado varias matizaciones para eludir intromisiones en el Estatuto de Gernika. "El Estado ha realizado varias matizaciones para eludir intromisiones en el Estatuto de Gernika y excederse en el ejercicio de sus competencias" y "se ha comprometido a implementar una disposición normativa estatal en la que corrige la invasión competencial", indicaron desde el Ejecutivo autónomo.
Registro único
El Gobierno Vasco sostenía que la injerencia se producía en varios artículos referidos a la creación de un registro único a nivel estatal para garantizar la centralización de datos a efectos de información y publicidad.
También consideraba que se producían intromisiones en las capacidades vascas en varios artículos que establecen una obligatoriedad en su cumplimiento.
Ahora, la Administración del Estado promoverá una disposición normativa que establecerá que la regulación centralizada de registros (de animales de compañía, de criadores y de entidades de protección, entre otros) se interpretará de forma que únicamente puede tener un efecto meramente divulgativo de lo que le transmitan los registros autonómicos.
En este sentido, establecerá que los registros serán de plena titularidad y gestión de las comunidades autónomas en el marco de sus competencias ejecutivas.
Además, las regulaciones de medidas obligatorias desde el ámbito estatal solo serán orientativas y solo vincularán cuando así lo establezca en cada caso la legislación autonómica.
