Euskadi dispone de uno de los mejores escudos de protección pública, a tenor de los datos difundidos estos días, ya que el gasto social por habitante el año pasado fue de 3.708 euros. Solo se encuentra por detrás de Nafarroa (3.901 euros) y se sitúa muy por encima de la media española, que es de 2.939 euros, casi 800 euros menos. Se engloba aquí la inversión que más repercute sobre la ciudadanía, es decir, la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Este gasto es una variable determinante para medir los niveles de bienestar de una sociedad. Y Euskadi se posiciona en este apartado en un lugar de excepción ya que ocupa el segundo lugar en el ranking de las 17 comunidades autónomas.

Estos datos se recogen en el informe La inversión social por comunidades, editados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. El estudio detalla la evolución presupuestaria en el área educativa, sanitaria, y de servicios sociales y analiza, con datos oficiales de Hacienda y del Instituto Nacional de Estadística, la progresión de las políticas sociales en los últimos doce años. Un análisis fundamental ya que estas partidas son el paraguas más eficaz para redistribuir la riqueza.

A pesar de que se trata del principal factor corrector de las desigualdades, la brecha entre las diferentes regiones es manifiesta, y es la comunidad de Madrid la que se encuentra a la cola. Lideran la clasificación Nafarroa, (3.901 euros), Euskadi (3.708), o Extremadura (3.629) y van en el furgón de cola regiones como Madrid (2.399 euros) o Cataluña (con 2.782 euros).

Crecimiento del 20%

Así, las cosas, el presupuesto destinado a políticas sociales de Euskadi aumentó un 20,4% entre 2009 y 2022, un total de 1.387,3 millones de euros más, por encima del 19% que creció durante el mismo periodo en el conjunto de todo el Estado español.

Y es que los datos corroboran cómo el gasto social copa más de seis de cada diez euros del presupuesto del Gobierno vasco. Porque con este incremento del 20% en dicho periodo, Euskadi destinó el pasado año el 62,3% de sus fondos a políticas sociales, por detrás de Galicia (63%), o Asturias (65%). La cifra, algo menor que en otras zonas, se explica porque se partía de una situación más ventajosa.

Un hospital de Osakidetza, operando con el robot Da Vinci. NTM

Las cuentas públicas también registran una evolución muy favorable en el área sanitaria. En sanidad, el presupuesto creció en el País Vasco un 24% (+855,5 millones y 362 euros extras por habitante) en el periodo analizado, por encima de la media nacional del 13%. En 2022 Euskadi dedicó el 33,4 % de su presupuesto a sanidad, superior a la media española (30,8%), pero por detrás de Andalucía (43%) o Canarias (35%). De nuevo estos dígitos se fundamentan en que la situación de partida era considerablemente mejor.

Y es que Euskadi se erige como la segunda comunidad autónoma que más invierte en salud por habitante, 1.989 euros, con cerca de 400 euros más que la media estatal (1.538).

Mayor inversión en Educación

El gasto per cápita en Educación incluye toda la enseñanza no universitaria. Esto es: la Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y la FP. En cuanto a los conceptos en los que se reparte encontramos gastos de personal, el material y las obras y reformas necesarias para ofertar el servicio. En este apartado el presupuesto aumentó un 12% (338 millones) entre 2009 y 2022, lo que coloca al País Vasco entre las cinco autonomías que menos incrementaron este gasto. Pero, nuevamente, y a pesar del incremento discreto, la vasca fue la autonomía con un mayor gasto por habitante en educación en 2022, con 1.426,6 euros, frente a los 1.028 de la media. Además, este apartado se lleva el 24% del total del presupuesto del Ejecutivo de Gasteiz, el segundo más alto tras Andalucía.

Euskadi también refuerza su estado del bienestar con la inversión en servicios sociales, donde el crecimiento entre 2009 y 2022 fue del 43% (+198,9 millones y 84,5 euros más por habitante) en Euskadi, algo inferior a la media nacional (48%). Sobre el presupuesto total el gasto en servicios sociales en Euskadi, donde esta competencia corresponde mayoritariamente a las diputaciones y a los ayuntamientos, supuso el 5% en 2022, por debajo de la media española (7,4%). El gasto por habitante tampoco superó esta media (372 euros) y fue del 292 euros.

Pese a la apuesta continuada por reforzar los apoyos a la ciudadanía, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales da un tirón de orejas a las comunidades ya que asegura que el porcentaje de gasto en políticas sociales mantiene una tendencia a la baja desde el año 2010, al haber perdido 8,6 puntos porcentuales, desde el 67,39% sobre el presupuesto total de la comunidad en 2009 hasta el 58,78% del año 2022.

De hecho, denuncian que ha tenido que pasar una década y una pandemia para recuperar los niveles de gasto en estas materias. “En el conjunto de España el análisis muestra que pese a que el covid demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, el incremento del gasto en estas políticas gestionadas por las comunidades sólo ha sido del 13,5 % entre 2019 y 2022. En cambio, el incremento del gasto en el resto de políticas fue el 41 % en ese mismo periodo. “Tres veces más, lo que evidencia la pérdida de peso específico del gasto social en las comunidades autónomas”, valora el presidente de la entidad, José Manuel Ramírez.

La brecha por regiones

Cara

Nafarroa. Las diferencias en el gasto por habitante en políticas sociales entre las distintas comunidades oscilan entre los 2.399 euros en Madrid, los 3.901 euros de Nafarroa o 3.708 euros en la CAV.

Cruz

Madrid. El informe destaca el estatus de Extremadura, con 3.629 euros, Asturias (3.438 euros) y Cantabria (3.392 euros). Sin embargo, Madrid (2.399 euros) y Catalunya (2.782 euros) se encontraban el año pasado en el furgón de cola en gasto social.

En cabeza

Valencia. La Comunidad Valenciana se sitúa a la cabeza con 855 euros más por vecino, seguida de Nafarroa (830 euros extras) y Asturias, que destinó 824 euros más.

A la cola

Catalunya. En el lado opuesto se hallan Catalunya, que lo reduce en seis euros por persona. La asociación destaca en este punto el caso de la Comunidad de Madrid, que lo aumenta únicamente en 168 euros por habitante.