El proyecto de Ley de Educación no cuenta con el apoyo total de uno de sus socios, el PSE-EE, que ha condicionado su respaldo a que se corrijan varios de los aspectos del texto, como el relacionado con los modelos lingüísticos actuales que los socialistas temen que puedan quedar relegados. El proyecto legislativo será remitido en los próximos días al Parlamento, donde los grupos podrán presentar las enmiendas que consideren, aunque algunos ya hicieron ayer martes las primeras valoraciones a falta de estudiar en profundidad la propuesta.

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, aseguró que el Gobierno vasco al completo, es decir, los consejeros del PNV y del PSE, respaldan el texto. Sin embargo, tras la presentación de la norma, los socialistas vascos advirtieron de que no responde a todos los objetivos marcados por este partido.

El PSE reconoció que el proyecto ha contado con el voto favorable de los consejeros socialistas para no “obstaculizar” su tramitación ni la búsqueda de consensos más amplios, pero dejó claro que para que cuente con su apoyo “deberá resolver determinados aspectos”. Argumentó que la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (Cojua) plantea varias objeciones jurídicas al texto que “no han sido suficientemente atendidas” por el Departamento de Educación como algunos elementos que pueden invadir competencias de la legislación básica.

Modelos lingüísticos

La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, según el PSE, aunque no lo señala expresamente, entiende que el proyecto cambia el sistema de modelos lingüísticos vigente por “un modelo único”, sin más criterios ni precisiones que las que se deriven del proyecto de centro. “El PSE no comparte que puedan relegarse los modelos lingüísticos actuales, amparados legalmente por un consenso político muy amplio”, subraya.

PNV: RECOGE EL PACTO

Desde el PNV, la parlamentaria Leixuri Arrizabalaga defendió que el proyecto “recoge tanto el contenido como el espíritu” del Pacto Educativo y pidió a los grupos que “arrimen el hombro” y propongan “posibles mejoras”. Los grupos de la oposición firmantes de ese pacto no avanzaron sus posiciones hasta estudiar el contenido. EH Bildu señaló que si la norma recoge lo acordado no habrá problema en avalarla, mientras que Elkarrekin Podemos-IU analizará antes de dar su opinión.

Desde el PP vasco, la secretaria general, Laura Garrido, habló del proyecto antes de que se aprobara, sin conocer su contenido, y denunció la decisión del PNV de “eliminar” los actuales modelos lingüísticos para “priorizar el euskera y arrinconar el castellano”.

División entre los sindicatos

Desde el ámbito sindical, ELA consideró que el texto “perpetúa” el actual sistema educativo con pequeños cambios “superficiales” y no plantea la transición hacia “una única red pública y soberana”. LAB, por su parte, reconoció que se recogen algunas de sus aportaciones pero echa en falta, por ejemplo, la superación de los modelos lingüísticos e implantar progresivamente un modelo de aprendizaje del euskera “generalizado e inclusivo” así como medidas para poner en el centro la escuela pública y luchar contra la segregación. Más contundente fue CCOO, para quien el proyecto de ley es una “amenaza” para la escuela pública al equipararla con la red concertada.

Modelos lingüísticos

“Las familias elegirán modelo”

Número mínimo. El consejero Bildarratz afirmó que el proyecto mantiene el sistema de modelos lingüísticos pero cada colegio los adaptará a su “realidad sociolingüística” para cumplir el objetivo de que el alumnado tenga un nivel B2 en castellano y en euskera al acabar la ESO. La ley no cita los modelos lingüísticos (A castellano, B bilingüe y D euskera) en ninguno de sus 101 artículos pero estos “no desaparecen” del sistema educativo. Lo que ocurre es que los modelos están regulados en un decreto de 1983 de la Ley del Euskera. “Cada familia –dijo– va a poder elegir modelo. La única exigencia es que haya un número mínimo para conformar un grupo”.