La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, apuesta por compatibilizar el respeto a los animales con el mantenimiento de algunas tradiciones que forman parte de la esencia e identidad de territorios ante la polémica que ha surgido por la celebración del Torneo del Toro de la Vega, previsto el próximo martes en Tordesillas.

En declaraciones a los medios este sábado, la ministra consideró que en un país con “hondas tradiciones” y tras dos años de pandemia es importante hacer compatible el respeto hacia los animales y el mantenimiento de tradiciones. Con todo, la ministra apuntó que se ha suspendido “el momento en el que se mata al animal, pero no la celebración del evento”.

Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) accedió a la suspensión cautelar, solicitada por el Pacma, y acordó la suspensión de las nuevas bases reguladoras del Ayuntamiento de Tordesillas para desarrollo del torneo del Toro de la Vega, cuya celebración está prevista para el próximo martes, 13 de septiembre. Asimismo, según la resolución, el Alto Tribunal suspende también la ejecutividad de la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se declara la conformidad de la adaptación de las bases del espectáculo taurino a lo previsto en el Decreto-Ley de 2016 por el que se prohibió la muerte de las reses de lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales en Castilla y León.

El auto, responde a otro cauce judicial diferente al abierto por la reclamación de la Dirección General de Derechos de los Animales a la Fiscalía General del Estado para impedir la celebración del festejo del Toro de la Vega. A ese respecto, pocos minutos antes de conocerse la resolución del TSJCyL sobre las suspensiones cautelares, la Fiscalía General del Estado comunicó que no se observaba indicio de delito en la celebración del Toro de la Vega y archivaba las diligencias abiertas tras la denuncia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Además de las suspensiones de ejecutividad de dichos acuerdos, la resolución del TSJCyL acuerda oficiar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta y al Ayuntamiento de Tordesillas para que, “bajo la personal y directa responsabilidad del titular de la Consejería y del Alcalde”, se adopten las medidas necesarias para que se asegure la efectividad de la medida cautelar adoptada.

Tras la aprobación el pasado 3 de mayo en el Pleno del Ayuntamiento de Tordesillas, las nuevas bases reguladoras del desarrollo del torneo que establecen que el festejo se llevará a cabo clavando una divisa al astado, en lugar de alanceándolo como sucedía hasta 2015, el partido animalista preparó una solicitud de medidas cautelares contra dicho reglamento que se presentó finalmente el 5 de julio.

Las bases impugnadas permiten el alanceamiento del toro en dos categorías: a pie y a caballo, siendo el número máximo de lanceros que pueden participar 50, cada uno con una divisa. La lanza usada en el torneo no debe tener hoja de metal y está formada por un mástil cilíndrico de 2,80 metros de longitud como máximo. En uno de los extremos va una divisa compuesta por cintas de tela de uno o más colores, sujetas con un punzón o un doble arpón de una longitud máxima de 80 milímetros de los que 30 milímetros como máximo son destinados a elemento punzante, que tendrá una anchura máxima de 16 milímetros. El vencedor es el primer lancero que consigue colocar la divisa en la espalda del toro, en la zona situada entre el morrillo y el brazuelo.

Así, se expuso que “no puede imputarse a la parte recurrente los perjuicios económicos que dice derivarían de la suspensión de la orden aquí recurrida; perjuicios económicos que, además, ni siquiera se han acreditado indiciariamente”. Así, la medida cautelar se adopta sin exigencia de fianza alguna.

El Alto Tribunal castellanoleonés recuerda que durante más de cinco años han tenido lugar las fiestas de Tordesillas estando vigente el Decreto-Ley 2/2016, de 19 de mayo, y se han celebrado festejos taurinos, por lo que considera que “no se ocasiona ningún perjuicio irreparable a las mismas porque se celebren este año como han tenido lugar anteriormente con arreglo al mencionado Decreto-Ley, hasta tanto se resuelva el fondo del asunto”.