Será hoy miércoles cuando reciban la aprobación en la Comisión. Después de intensas negociaciones, conversaciones oficiosas pero formales y mucho trabajo, el Grupo Vasco en el Congreso ha logrado introducir un par de mejoras en el texto final de la ponencia sobre la Ley de Convivencia Universitaria, según ha podido saber DEIA. Se trata, además, de dos enmiendas de carácter sustancial para los intereses vascos. La primera tiene que ver con el debido respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Esta ha sido una de las piedras angulares en la agenda de los jeltzales.
La otra pieza clave en esa negociación tiene que ver, precisamente, con el acuerdo y la conciliación como herramientas obligadas para la resolución de posibles conflictos en la esfera académica.
De este modo, se avanza en la definición de un documento que suma los apoyos de la comunidad universitaria -Crue Universidades Española, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) y el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (Ceune)- que habían expresado públicamente su rechazo al modo en que PSOE, Unidas Podemos y ERC habían redactado la ponencia otorgando el carácter de opcional a esta metodología para solventar problemas y desacuerdos en el seno de cualquier universidad.
Así las cosas, fuentes del Grupo Vasco consultadas calificaban de "determinantes" ambos aspectos, inseparables en cualquier caso en opinión de los jeltzales.
En concreto, sobre el vinculado al respeto al ámbito competencial, destacaron que la incorporación de la frase "sin perjuicio del desarrollo que en el ámbito de sus competencias pudieran llevar a cabo las comunidades autónomas" supone que el acuerdo alcanzado logra que desde el punto de vista competencial se visibilice como "autoridad normativa" en la materia a las comunidades. Y que, al mismo tiempo, se recoja expresamente ese necesario respeto de la competencia autonómica para la regulación de este tipo de procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos, que al ser de carácter voluntario y no constituir un requisito obligatorio previo a la vía judicial, se entiende que pueden ser desarrollado sin ningún problema por la normativa autonómica correspondiente.
Además, la aportación del PNV a esa futura Ley de Convivencia Universitaria asegura el carácter obligatorio de la mediación. Este hecho significa que prevalece el criterio de los jeltzales sobre las enmiendas presentadas de forma conjunta por los grupos parlamentarios PSOE, Unidas Podemos y ERC, que preferían otorgar carácter optativo a esta herramienta de mediación ya que habían sustituido el verbo "contarán" por el de "podrán desarrollar".
Sin embargo en la enmienda transaccional del PNV ha logrado que se incorpore nuevamente que las universidades "desarrollarán" sin carácter optativo en sus Normas de Convivencia medios alternativos de solución de conflictos de la convivencia basados en la mediación. Herramientas que, en todo caso, "deberán basarse en los principios de voluntariedad, confidencialidad, equidad, imparcialidad, buena fe y respeto mutuo, prevención y prohibición de represalias, flexibilidad, calidad y transparencia", describían las fuentes consultadas del Grupo Vasco en el Congreso.
Otros apuntes
Derogación. El acuerdo alcanzado deroga el decreto de 1954 vigente, por considerarlo en algunos aspectos antidemocrático con respecto al marco vigente.
Autonomía. Se consigue que el texto legal permita a las comunidades con competencias normativas en la materia puedan adoptar sus propias alternativas políticas en función de sus circunstancias específicas. Gracias a los textos de las transaccionales incorporados al informe de la ponencia se consigue que se reconozca y visibilice lo máximo posible esas competencias así como la autonomía universitaria.
