Catedrático de Derecho Penal

Jon-Mirena Landa: "Se ha pasado de las palabras a los hechos y la homofobia está claramente en la diana"

Jurista y acreditado catedrático de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco, Jon-Mirena Landa alerta de que el delito de odio "no está protegiendo a los colectivos más vulnerables"

13.07.2021 | 00:06
Jon-Mirena Landa, catedrático de Derecho Penal.

El linchamiento el pasado día 4 en A Coruña del joven Samuel Luiz, que murió al grito de "maricón", reabrió el debate en torno al delito de odio. Miles de personas tomaron las calles tras el asesinato para mostrar su repulsa por unos hechos de los que Euskadi no es ajena, como demuestra la paliza reciente a un joven en Basauri o el acoso a dos jóvenes en Bilbao por besarse en público. "Todo ello genera un efecto de amenaza al conjunto del colectivo", alerta el catedrático.

¿Ve motivos de preocupación?

—Ha empezado a aflorar lo que llamaría la violencia de eliminación. Matar o lesionar gravísimamente a una persona por ser homosexual o inmigrante es un núcleo duro del delito de odio. Esta violencia está en la base del nacimiento de los delitos de odio, con la experiencia de las palizas de neonazis en el ámbito europeo o los asesinatos a mansalva en Estados Unidos a personas negras. Todo es serio, pero la violencia de eliminación es el núcleo duro. Hemos pasado de discutir de las palabras a los tristes hechos, y la homofobia está claramente en la diana.

¿Por qué?

—Cuando ocurre una muerte como la de Samuel hay una reacción de miedo y muchas personas acaban sin ejercer sus derechos fundamentales. La paliza reciente a un joven en Basauri, las de Barcelona... Todo ello genera un efecto de amenaza al conjunto del colectivo al que pertenecen.

¿Por qué registra Euskadi un crecimiento exponencial de este tipo de delitos?

—En contra de lo que pueda parecer, que aumenten las cifras oficiales de delitos de odio no es una mala noticia. Afectan principalmente a minorías vulnerables que, o bien por miedo o desconfianza, no llegan a establecer contacto con instancias judiciales o policiales. Hay por tanto una cifra negra, no conocida de delitos reales.

¿El alto número de casos conocidos es, por tanto, la punta del iceberg del problema?

—Así es. Para hacernos una idea, en el Estado hay registrados unos 1.700 incidentes mientras que en Inglaterra, con 60 millones de habitantes, se han computado 105.000. Se trata del país que mejor recaba esta información y calculan que hay otros 200.000 de cifra negra. Aunque siempre es mala noticia que existan delitos, aún es peor que se cometan y no los conozcamos.

Buena parte de la ciudadanía no sabe qué es un delito de odio. Haga un ejercicio didáctico...

—Aquí hablamos de dos problemas. Por un lado, se trata de un agravante de un delito base. Es decir, alguien provoca una lesión a una tercera persona por determinadas razones, como el color de piel o su orientación sexual. Es un delito agravado porque se dirige a un colectivo vulnerabilizado históricamente, de modo que atacando a esa persona lo haces al conjunto del colectivo.

¿Y el segundo problema?

—Aquí, en nuestra sociedad, vemos que estos delitos se centran más bien en palabras, en el discurso de odio. En el ámbito europeo también existe esta otra modalidad, pero se aplica muy poco, a diferencia de lo que ocurre en el Estado. Nos encontramos aquí ante la peculiaridad de identificar con palabras un delito que, como quien dice, hemos descubierto hace dos días. Se introdujo en 1995 en el Código Penal, pero ha dormido el sueño de los justos.

¿Por qué aflora ahora?

—La polémica surge porque aquí se aplica casi exclusivamente en el ámbito ideológico, de puro enfrentamiento entre partidos. En España todo gira en torno a un delito con palabras, lo que es la excepción en otros países. Tiene por tanto un sesgo muy ideológico, olvidándose de los verdaderos destinatarios del artículo 510 del Código Penal, que son las minorías vulnerables.

Una paliza mortal es un caso evidente, ¿pero a partir de qué momento puede convertirse en un delito el uso de las palabras?

—No se trata tanto de odiar, porque en ese caso iríamos todos a la cárcel. Aun siendo graves los discursos de envenenamiento de la convivencia, su combate no es mediante un delito sin excepciones en el Código Penal.

¿Qué quiere decir?

—Que lo ideal es delimitarlo muy bien y utilizarlo muy poco. Se ha comprobado históricamente que los delitos de apología se acaban convirtiendo en una ruleta rusa. El legislador puede tener toda su buena voluntad, pero al final se puede convertir en un instrumento de censura o de envenenamiento del juego político, de tal manera que sea un parlamentario ceutí el que reciba una querella del grupo Vox.

¿Cómo encontrar la ecuación perfecta?

—Estamos en una democracia en la que hay libertad de expresión y por lo tanto el Estado tiene que demostrar que en sus delitos frontera, de control de discursos públicos, por lo menos es neutral. No puede haber asimetrías de aplicación. La verdadera batalla de los delitos de odio debe vehicularse a través de las agravantes.

Esta sociedad tan visceral y polarizada ideológicamente no facilita precisamente las cosas...

—La verdad es que no, porque estamos todo el día discutiendo de política con querellas de por medio y al final nos olvidamos de lo fundamental, que es la protección de colectivos vulnerables. Estamos hablando de más de 500 incidentes ideológicos, según el último informe del Ministerio del Interior, por encima de los delitos por racismo. Es algo absolutamente inusual.

¿Tiene alguna explicación?

—Catalunya. Se han aplicado los delitos de odio en el contexto del tensionamiento político del procés. Vuelvo a insistir en que se trata de algo totalmente inusual. El único paralelismo sería el de Irlanda del Norte, pero en el resto de países no existe una bolsa de incidentes ideológicos.

¿Cómo se puede reconducir esa suerte de especulación sobre la violencia política?

—Entiendo que se debe derivar a un debate con argumentos, de coraje ciudadano. Si empezamos a prohibir todas las apologías que se nos ocurran, acabamos convirtiendo a los jueces en un peligro potencial de censura, de desequilibrio, en función de que una ideología sea de su gusto o no.

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"Aunque siempre sea una mala noticia que existan delitos, todavía es peor que se cometan y no los conozcamos"


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