El Gobierno vasco completó los pasos necesarios para garantizar el cumplimiento en Euskadi de la ley estatal que regula el derecho a la eutanasia, que entra en vigor hoy viernes, y que nace por empatía legislativa con las personas a las que no se quiere añadir más sufrimiento en la recta final de sus vidas.
La norma, que supone un hito de enorme trascendencia, es garantista en el procedimiento al defender los derechos y voluntades, tanto de quienes aspiran a la muerte asistida como de los profesionales sanitarios que se oponen a la realización consciente de estas prácticas.
El proceso, en cualquier caso, no es sencillo. El paciente deberá solicitar la eutanasia a un "médico responsable" elegido por la propia persona interesada y que normalmente se corresponde con el facultativo de cabecera. Este registrará la solicitud en el historial, tras lo cual se abre un plazo de quince días de deliberación durante el cual se remite al paciente información sobre terapias y otras opciones de cuidados paliativos.
Si transcurrido ese tiempo la persona interesada "no ha desistido", debe hacer una segunda solicitud al "médico responsable", que lo deriva a un "médico consultor" formado en la patología del paciente. Este estudiará el caso y la historia clínica para emitir posteriormente otro informe.
En el caso de que ambos estudios sean positivos, la petición debe elevarse al Comité de Garantías y Evaluación, que vela por la seguridad clínica y jurídica de todo el proceso y que en Euskadi está integrado por 25 profesionales médicos, de enfermería, derecho y el ámbito social. Este colectivo será el responsables de verificar el procedimiento, con acceso a la documentación y posibles entrevistas con los profesionales y el paciente. Solo cuando el informe de este comité sea positivo, se procederá a dar la prestación en un plazo de siete días. Para completar todos los pasos no deben pasar más de 45 días.
Aumentan las consultas
Así, a partir de hoy viernes, cualquier persona, sean cuales sean los medios económicos que tenga, podrá pedir ayuda médica para adelantar su muerte. Entre los requisitos figura ser mayor de edad y sufrir "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable".
La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha recibido en las últimas semanas una gran demanda de información acerca de la ley y ya conocen varios casos de quienes se muestran dispuestos a solicitar esta ayuda "con bastante premura". Esta agrupación, referente en Euskadi y que integra a unas 400 personas, aplaude la nueva ley, a pesar de que no sea al 100% la normativa que hubieran deseado. "Nos parece una normativa restrictiva con la libertad de las personas a la hora de elegir, valorar y ponderar su momento y manera de morir. En cualquier caso, preferimos ver los aspectos positivos más allá de los negativos", señaló Iñaki Olaizola, antropólogo y miembro de la asociación.
En opinión de esta asociación, se trata de una ley excesivamente medicalizada. "Cuando una persona decide que su mejor estrategia es morir porque la vida le es insoportable, llegados a ese momento, la muerte no es competencia de la medicina. Es más bien fruto de la reflexión, de la identidad de esa persona, de la manera de entender el manejo de la libertad y la autonomía", sostiene Olaizola. "Es una ley excesivamente medicalizada que alarga y dificulta el proceso innecesariamente", opina el antropólogo.
Carrera de obstáculos
A pesar de no contentar a todas las partes, no ha sido nada fácil llegar hasta este punto. El pasado 18 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Pese a estar entre los primeros países del mundo en aprobarla, el camino hacia la legalización de la eutanasia ha sido una constante carrera de obstáculos. De hecho, han transcurrido 28 años desde que el gallego Ramón Sampedro presentara ante un juzgado de Barcelona su demanda judicial para ser ayudado a morir, lo que impulsó el debate a nivel estatal.
La propuesta fue abordada en el Congreso de los Diputados en 1994 con amplio rechazo, y el suicidio asistido quedó tipificado en el Código Penal un año después con prisión de entre cuatro y ocho años para quienes cooperaran con él. En más de otra decena de ocasiones la eutanasia entró y salió del Congreso hasta la definitiva aprobación de la ley el pasado 25 de marzo.
La relevancia del testamento vital
Una de las herramientas que más relevancia cobra con la nueva ley es el testamento vital. Llegado el caso de que una persona pierda el control de sus actos, no se le podría aplicar la eutanasia si previamente no ha realizado este trámite. En torno al 15% de vascos lo ha hecho, duplicando el porcentaje del Estado. "No deja de ser una parte de población escasa. Nuestro mensaje es que hay que hacer el testamento vital porque mejora muchísimo la calidad de vida y muerte de las personas", sostienen desde la asociación Derecho a Morir Dignamente. Respecto a las especulaciones sobre el número de personas que puede recurrir a la eutanasia una vez aprobada la ley, la experiencia de otros países revela que en torno a un 4% de los fallecimientos se producen por la práctica de la eutanasia o ayuda al suicidio asistido. En Euskadi se estima que en los próximos años, en torno a un 1% de las personas que fallezca lo hará por aplicación de la nueva ley. Holanda fue el primer país del mundo en legalizarla, en 2002, y después llegaron otros como Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y Nueva Zelanda.
