Las guarderías privadas de Bizkaia lanzan un SOS por la supervivencia del sector y piden al Gobierno vasco que les permita abrir en la fase 3 de la desescalada, siguiendo los protocolos de actuación sanitaria que permita una vuelta segura y sostenible económicamente, así como una incorporación flexible del personal que está en ERTE. Arantza Zorrozua, representante del Colectivo de Guarderías Privadas de Bizkaia, que agrupa a 25 centros infantiles, envió al lehendakari una carta para mostrarle "las dificultades que atraviesa el primer eslabón y quizás más débil del sistema educativo" y pedir apoyos "en caso de que sanitariamente no crean conveniente permitirnos abrir".
Entre otras medidas, reclaman ayudas para hacer frente al pago del alquiler de los locales hasta que puedan retomar la actividad, así como la moratoria del pago de cuotas bancarias en el caso de locales en propiedad. También solicitan la prórroga de los ERTE y la suspensión del pago de autónomos. "El objetivo no es lucrarnos, sino disponer de recursos económicos para la sostenibilidad de la actividad y evitar de esta forma la destrucción de toda la red de centros infantiles o guarderías privadas, algo que sumiría a Euskadi en un gravísimo problema al desaparecer una parte imprescindible de la oferta educativa", asegura taxativa Zorrozua.
Rocío Iturregui, responsable de la guardería Bambinitu, de Algorta, asegura que el cierre obligatorio decretado el pasado 13 de marzo debido a la pandemia les lleva a una situación "insostenible" y que la falta de unos protocolos "nos obligaría a no poder trabajar hasta que se dé con una vacuna". Desde la agrupación reclaman a Lakua que aclare a qué colectivo se adscriben como actividad empresarial-educativa ya que existen divergencias en función de los municipios.
Al margen de la viabilidad de sus centros, Iturregui asegura que la falta de un horizonte claro empeorará el problema de la conciliación. "Nos están llamando familias desesperadas preguntando cuándo vamos a abrir porque ya no pueden teletrabajar, no tienen con quién dejar a sus hijos y casi nadie puede pagar 950 euros al mes a una canguro", dice.
Es el caso de la familia de Joseba Gutiérrez, padre de dos hijas de 2 y 5 años que "viven prácticamente confinadas" porque no hay colegio ni escuelas de verano "y no queremos dejarlas con los abuelos porque nos da coraje ya que son personas de riesgo". Tanto Joseba como su mujer, Susana, trabajan y se han visto obligados a contratar a una cuidadora porque desde la guardería les han dicho que "el Gobierno no les ha aclarado que puedan abrir legalmente, que están en un vacío legal, por lo que han decidido seguir cerrados ya que lo principal es la salud de nuestros hijos". Esta situación ha generado estrés y ansiedad en Joseba. "Suplo la falta de tiempo en el trabajo a costa de mi salud, levantándome a las 5.00 de la mañana y trabajando por las noches, sin poder atender a mis clientes y a mis responsables como me gustaría, ya que tengo a una niña de 2 años llorando al lado".
Denuncia de LAB. El sindicato LAB critica la "desidia e improvisación" del Consorcio Haurreskolak y del Departamento de Educación porque no ha realizado en los medios ninguna campaña de matriculación. Según LAB, "tanto los carteles que vemos en ciudades y pueblos como los vídeos para conocer las escuelas infantiles que podemos encontrar en las redes han sido elaborados por el propio personal". También denuncia que no han llegado a todas las escuelas los equipos de protección individual.
