A estas alturas difícilmente se va a producir el próximo lunes el regreso a las aulas del alumnado de Segundo de Bachillerato y Formación Profesional (FP) proyectado por el Departamento de Educación. Al menos, no de forma generalizada, ni en la totalidad de cursos ni al ritmo propuesto por el Gabinete de Cristina Uriarte la semana pasada. A las dudas sobre la seguridad sanitaria que el plan de desescalada despierta entre profesionales y familias se unen otras de índole legal por la discrepancia mostrada ayer entre el Gobierno vasco y el delegado del ejecutivo español, Denis Itxaso, sobre la posibilidad de materializar el retorno a clase en la fase 1.

Según Itxaso, la actividad lectiva presencial solo se contempla en la fase 2 del Gobierno de Pedro Sánchez, a partir del 25 de mayo, de forma “voluntaria” y “excepcional”. No obstante, el Departamento de Educación sigue adelante con su calendario, a expensas de las instrucciones que hoy pudieran salir de la Conferencia Sectorial que la ministra de Educación mantendrá con las comunidades autónomas.

La aparente discrepancia reside en que, según apuntó ayer la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, se trabaja bilateralmente con el Gobierno Sánchez en “tres ámbitos diferentes con matices”: la movilidad; el ocio, la cultura y el deporte, y la educación, que aunque no aparece en la orden del sábado, tendría para Lakua “enganche” legal en el decreto de prórroga del estado de alarma aprobado la semana pasada en el Congreso, aunque aún no se ha materializado jurídicamente la apertura de las aulas.

Para evitar los contagios en el retorno gradual a las aulas de los ciclos superiores, el Gobierno vasco proveerá a los centros de mascarillas, pantallas protectoras, geles hidroalcohólicos, termómetros infrarrojos y cartelería de prevención, además de reforzar el servicio de limpieza.

El Comité de Salud Laboral del Departamento de Educación, encabezado por la viceconsejera de Administración y Servicios, Olatz Garamendi, se reunió ayer con los representantes sindicales. En la cita, la viceconsejera les trasladó las medidas del protocolo diseñadas para garantizar “las condiciones de higiene y de seguridad ante el retorno a las aulas previsto a partir de la semana que viene”. Garamendi aseguró que el Departamento proporcionará los “materiales fundamentales por el Departamento de Salud” que garanticen las medidas de seguridad, y que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales “mantendrán un seguimiento de las medidas”.

Fuentes del Educación señalaron que su voluntad es la de “mantener un contacto permanente con las representaciones sindicales en aras de velar por el derecho a la educación y las necesarias garantías de seguridad e higiene de los y las profesionales”.

Es probable que este anuncio no evite que muchos centros opten por no abrir las puertas el próximo lunes debido al principio de prevención que invocan los profesionales del sector y las familias, puesto que apenas quedan dos días hábiles para preparar los centros. Sin embargo, el suministro de EPI o el refuerzo de la limpieza y desinfección de las superficies con mayor contacto, como barandillas o interruptores, así como en los baños puede allanar el camino de la desescalada. El hecho de que Educación haya dado libertad a las direcciones de los centros para articular cómo, quiénes y cuándo vuelven sus estudiantes también ha rebajado considerablemente la tensión provocada por un retorno que, a priori, era “obligatorio” para todo el alumnado de los cursos sensibles -cuarto de ESO, Bachillerato y FP- salvo excepciones por causa de enfermedad.

Aunque oficialmente el Departamento mantiene que la vuelta a clase no depende de la voluntad de las familias, en la práctica muchos centros modularán esa desescalada a lo imprescindible. Varios institutos ya han anunciado que estudian la posibilidad de que al principio solo vuelva el alumnado de Segundo de Bachillerato que tiene que hacer la selectividad o el alumnado de cursos inferiores con asignaturas pendientes en los dos primeros trimestres y con problemas de conexión en casa. Ikastoleen Elkartea anunció ayer que no prevé que sus centros, salvo excepciones, comiencen de nuevo la enseñanza presencial el próximo lunes. Su intención es abrir los centros más adelante “con todas las garantías” de seguridad y salud y solo con los alumnos que “de verdad necesiten las clases presenciales”.

Las ikastolas consideran adecuado que se haya limitado el número de cursos que tendrán que volver a las aulas aunque “se tenía que haber limitado algo más y el alumnado de primero de Bachillerato y primero de FP no debería volver” porque ello ayudaría a los centros a cumplir con las normas de seguridad de una manera más exhaustiva. En cambio sí ven con buenos ojos el retorno del alumnado de segundo de Bachillerato, aunque “tenemos dudas con la fecha. Si el objetivo de estos alumnos y alumnas es, probablemente, realizar el examen de entrada a la universidad, pondríamos el foco en el momento de preparar esa prueba, no antes”.

Desde los centros religiosos, la lectura es bastante similar. La patronal mayoritaria de la red concertada, Kristau Eskola, se opone abiertamente a la apertura este mes, aunque “si se dan las garantías sanitarias suficientes, existe con antelación suficiente un plan de apertura concreto y existe el suficiente consenso con los agentes, se valore la posibilidad de hacer una limitada y gradual apertura de aulas, en junio, en una siguiente fase, y exclusivamente para segundo de Bachillerato y FP”.

Este es el marco general de las patronales de la red concertada, que escolariza a la mitad del alumnado del sistema. Luego cada centro, como en la pública, podrá hacer lo que estime oportuno en función de su realidad. La apuesta hecha por el Departamento por la autonomía docente tiene un claro componente positivo, y es que cada centro tiene la libertad para hacer lo que más beneficie a su alumnado.

Sin embargo, los sindicatos mantienen una oposición frontal a este enfoque. El responsable del área de Educación de CC.OO. de Euskadi, Pablo García de Vicuña, señaló que abrir los centros así aumentará “la brecha y que haya mayores diferencias” entre los alumnos que vuelvan a las clases presenciales y los que no. Y advirtió de que, mientras Educación no negocie con los sindicatos las medidas a implantar en “todos los centros en las mismas condiciones”, los tendrá “enfrente”.

“El regreso a las aulas se debe acompañar de garantías jurídicas y medidas sanitarias”

Portavoz de Ehige