- Mientras al otro lado de la muga los profesores comienzan a ir a clase aún sin alumnos, en la CAV el regreso a las aulas para el próximo lunes del alumnado de Bachillerato y Formación Profesional (FP) continúa navegando entre la incertidumbre, la convocatoria de una huelga estudiantil y la amenaza de un plante por parte del profesorado. Ayer, la patronal de los colegios religiosos, Kristau Eskola (KE), se unió a las críticas y solicitó al Departamento de Educación que “determine la no apertura en el mes de mayo de las aulas. Por razones sanitarias y de seguridad, y poniendo en valor el trabajo on line realizado por los centros, profesorado y alumnado, y la adaptación de currículos”.

El plan de desescalada presentado la semana pasada por la consejera de Educación despierta toda clase de suspicacias entre las direcciones y docentes, tanto de la red pública como de la concertada, quienes exigen más tiempo, información y recursos para garantizar que la vuelta gradual a las aulas tenga todas las garantías sanitarias. Las críticas son muchas contra el Gabinete que dirige Cristina Uriarte, al que acusan de “improvisar” y plantear un regreso a las aulas de forma “unilateral”.

diálogo con los agentes

El Departamento comenzó ayer una ronda con los agentes del sector para intentar abordar el plan de desescalada de la forma más adecuada. No obstante, fuentes de Educación declinaron aclarar la identidad de quiénes participan en esta ronda, si les presentarán un protocolo de seguridad detallado, si el Gobierno vasco proveerá a los centros de equipos de protección individual, si estarían dispuestos a aceptar que la vuelta a clase sea voluntaria o incluso que, a la vista de la reacción del sector, se estudie un posible aplazamiento de la docencia presencial a junio.

La que si ofreció su valoración del plan fue KE, la patronal que agrupa 128 colegios religiosos de la CAV. A través de una nota, su director general, Mikel Ormazabal, señaló que toda la comunidad educativa quiere volver a la normalidad “pero siempre que se haga con precaución y con todas las garantías”. Según Ormazabal, los centros “necesitan un marco de actuación claro, un protocolo de medidas a adoptar, garantías del suministro de los materiales sanitarios y de seguridad necesarios, y disponer de los medios y la financiación adecuada para hacerlo posible”. Este plan, además, debería contar con el aval del Departamento de Salud, de Osakidetza y de las autoridades sanitarias.

“Los centros están realmente preocupados, pero las familias también, muchas de las cuales están viviendo la situación, la vuelta a las aulas, con verdadera angustia”, afirmó Ormazabal. Según KE, los centros, su personal y el alumnado “han hecho un gran esfuerzo, en tiempo récord, para adaptarse a la situación. Se ha replanteado todo el proceso de aprendizaje, y ahora con esta vuelta a las aulas, se pretende, otra vez en tiempo récord, y con la inseguridad que presenta un regreso con tanta premura, que se organice todo nuevamente, ahora en forma presencial. Lo que, por cierto, pedagógicamente, puede incluso resultar hasta contraproducente”. Además, añaden, que “en nada, tenemos que organizar el próximo curso, que no será fácil”.

Por estos motivos, KE emplazó al Departamento de Educación a que “realice un contraste real y efectivo con los agentes educativos, sobre la conveniencia y necesidad de la apertura de las clases, su justificación desde el punto de vista sanitario y educativo y las fechas adecuadas para así hacerlo”. Así mismo pidieron “la no apertura en el mes de mayo de las aulas”. En este sentido, creen que “si se dan las garantías sanitarias suficientes, existe con antelación suficiente un plan de apertura concreto y existe el suficiente consenso con los agentes educativos, se valore la posibilidad de hacer una limitada y gradual apertura de aulas, en junio, en una siguiente fase de la desescalada, y exclusivamente para Segundo de Bachillerato y FP”. Lo contrario, aseveró Ormazabal, “sería una irresponsabilidad”.