MADRID. El Defensor incluye en su informe la recomendación literal que formuló en su balance del año anterior, cuando argumentó que la reforma era necesaria en un Estado democrático de derecho.
En 2018, apunta, ha seguido formulando recomendaciones para mejorar la aplicación de esa ley, todas aceptadas por las autoridades a las que se han dirigido, y confía en que la tramitación parlamentaria de la reforma, que decayó con la convocatoria de las elecciones, pueda culminarse en 2019.
Entre sus últimas recomendaciones, destaca su petición de que los expedientes sancionadores incoados cuando se estaba ejerciendo un derecho fundamental no lleguen a suponer "un sacrificio innecesario o desproporcionado o tengan un efecto disuasorio o desalentador en su ejercicio".
Se remite para ello al Tribunal Constitución, que en 1997 estableció que "los límites impuestos al ejercicio de los derechos fundamentales deben ser establecidos, interpretados y aplicados de forma restrictiva y no deben ser más intensos de lo necesario para preservar otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos", por lo que la limitación debe ser "la mínima indispensable", proporcional y con motivación suficiente.
En apoyo a esa tesis el Defensor formuló también en 2018 recomendaciones para reforzar la práctica de la prueba en los expedientes sancionadores y para determinar con exactitud en esos expedientes la infracción cometida, ya que algunos artículos de la ley mordaza comprenden varios tipos y no especificarlos puede conllevar inseguridad jurídica.
En un comunicado, la Plataforma en defensa de la libertad de información ha celebrado la petición del defensor, al que ha recurrido las multas impuestas a periodistas en el ejercicio de su función, y ha reclamado una reforma "a fondo" de la ley.
