Bilbao - Hoy se cumple la vigésimo quinta jornada de huelga en los colegios concertados, la última de este curso. O no, a ver qué dicen hoy los sindicatos porque planean una gran movilización antes del final de curso para “hacer visible” la situación del conflicto. ¿Es esta la confirmación de que el enfrentamiento continuará el curso que viene? En cualquier caso, ha llegado mayo con el conflicto abierto porque las reuniones discretas que Kristau Eskola mantuvo a lo largo del mes de abril con ELA, el sindicato mayoritario, acabaron en punto muerto, ya que sus reivindicaciones “exceden el marco normativo de la red concertada”. Así se recoge en la circular que la patronal envió a las direcciones de los centros religiosos para informarles sobre los últimos pasos dados en la negociación del convenio colectivo.

Las centrales ven en estas conversaciones una “artimaña” de la patronal para “embarrar el campo de juego” y “dinamitar” el proceso negociador. No obstante, la unidad de acción sindical sigue intacta, según dijo el portavoz de Steilas, Xabin Arrizabalaga, antes de la manifestación que ayer volvió a reunir en Bilbao a miles de docentes. Un día más, patronal y sindicatos se enzarzaron en una guerra de cifras sobre el seguimiento de la huelga, aunque en el fondo la incidencia fue similar a la de los paros de marzo. Y un día más, los sindicatos repartieron responsabilidades entre patronales y Gobierno vasco.

En opinión de Arrizabalaga, el Gobierno vasco “tiene su responsabilidad en esto y lo que no puede hacer es pasarse la pelota de un departamento a otro y lavarse las manos delante de las familias y la sociedad diciendo que no es un problema en el que esté implicado el Gobierno, cuando es la principal vía de financiación de los centros”. Precisamente ahí radica el meollo del bloqueo porque los sindicatos quieren recuperar el poder adquisitivo perdido la última década, cerca del 12%, mientras que la patronal quiere ligar los salarios al concierto educativo más un pequeño incremento entre el 0,5% y el 1,35%, con lo que las cuentas no salen.

En otro nuevo gesto, la consejera de Educación anunció ayer que destinará 2,6 millones de euros para financiar la contratación de personal de refuerzo educativo especial en los centros concertados, uno de los puntos incluidos en la plancha sindical. La medida se suma a las ya adoptadas por su departamento para intentar facilitar la resolución del conflicto laboral. Hace unas semanas su Gabinete presentó a las partes una propuesta para la recolocación del profesorado que podría perder su empleo por el cierre de aulas debido al descenso de la natalidad, así como medidas para “facilitar el relevo generacional” similares a las existentes en los públicos, a través del contrato relevo. Y más recientemente el Gobierno vasco ha equiparado los sueldos de los docentes de los ciclos primero y segundo de la ESO.

En este sentido, Uriarte declaró que dentro de su ámbito de actuación están poniendo “todas las iniciativas que podemos para la mejora de las condiciones laborales y contribuir a dar una salida a este conflicto”. No obstante, la consejera insistió en que “ahora es a las dos partes, patronales y sindicatos, a quienes les corresponde alcanzar un acuerdo y dar salida a este conflicto, y es a lo que les instamos a que sigan negociando hasta alcanzar un acuerdo”.

El director general de Kristau Eskola, Mikel Ormazabal, señaló ayer que las partes enfrentadas en el conflicto tienen “voluntad” negociadora, pero remarcó que los sindicatos reivindican condiciones que exceden el marco normativo. “Mantenemos nuestra preocupación por lograr un acuerdo que defienda la sostenibilidad y viabilidad de los centros, se garantice la continuidad y el futuro de los proyectos educativos y se defiendan las condiciones laborales de los trabajadores”, señaló. Ayer nadie habló de nuevas reuniones y la última mesa de negociación fue el 25 de marzo.