Bilbao- En su edición XVII el Congreso Euskal Hiria lleva como título Euskadi territorio sin fronteras y es precisamente en los problemas medioambientales y en el cambio climático -tema en el que Antxon Olabe es especialista- donde se ve más claramente que las fronteras no existen más que en los mapas.

Hablar de medio ambiente y fronteras parece absurdo.

-El cambio climático demuestra que en la atmósfera no existen fronteras. Da igual dónde se generen las emisiones, ya sea en Bilbao o en Washington el resultado es el mismo: todas impactan en la misma atmósfera. Se trata de un problema de una complejidad especialmente relevante, porque las consecuencias tienen alcance global pero los países se organizan en estados nación o, en el caso de Europa, a nivel comunitario. Esto supone que hay una diferencia entre el alcance global del problema y dónde se toman las decisiones políticas.

¿Municipios, comunidades o países vecinos deberían ponerse de acuerdo antes de tomar decisiones que afectan al medio ambiente?

-Un problema de contaminación del aire en una ciudad es una cuestión de ámbito local que deben resolver los habitantes de esa ciudad y sus responsables políticos. Los problemas de ámbito global, como la emisión de gases de efecto invernadero, aunque se generen en un punto concreto, tienen un alcance general y hay que resolverlos en conversaciones y acuerdos internacionales, como fue el de París en 2015, que sentó las bases de la respuesta internacional.

¿Se puede dar la situación de que en el futuro un francés tenga que dejar su coche de gasolina en la frontera y subirse a un bus eléctrico para llegar a Donostia?

-Esa situación no se va a dar porque en 2050, cuando no puedan circular los vehículos convencionales, seguramente Francia habrá aprobado una ley similar bastantes años antes. Hay que tener en cuenta que el anteproyecto de ley que hemos presentado para eliminar los vehículos de combustión está totalmente incardinado en la política y la estrategia de la Unión Europea de respuesta a las exigencias del Acuerdo de París. La otra cara de la moneda de la decisión es que esta transición energética a la que estamos abocados es una oportunidad extraordinaria para la economía española en términos de generación de prosperidad, empleo y beneficios para la salud.

No todo el mundo está de acuerdo con esta previsión ni con el anteproyecto.

-Dentro de unas semanas se harán públicos los datos de impacto macroeconómico del plan que vamos a presentar a la UE y los resultados son francamente muy importantes.

¿Tanto como para que algunos críticos cambien de opinión?

-Cuando se conozcan los detalles del plan van a cambiar seguro, sin ninguna duda. A eso hay que añadir que hace tres días el Grupo Español para el Crecimiento Verde, que integra a empresas tan significativas como Iberdrola, Endesa, BBVA, la Caixa, Telefónica y otras 35 muy importantes, publicó un manifiesto apoyando explícitamente el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, porque entiende que es una oportunidad única de estar entre los países líderes de la transición energética internacional. Para eso hay que crear el entorno normativo y político que permita que afloren grandes inversiones que van a significar unos niveles de desarrollo económico y de empleos industriales de calidad como no hemos visto desde la transición.

¿El medio ambiente debe ser un eje de la ordenación del territorio?

-En el siglo XXI hablar de territorio está intrínsecamente ligado a calidad de vida, del aire, acceso al agua, gestión de residuos sólidos urbanos, espacios naturales y protegidos, litoral... No puedo concebir una gestión del territorio en la que las consideraciones ambientales no ocupen un lugar relevante.