Bilbao/Gasteiz - Mientras que la satisfacción era incontestable entre las instituciones vascas ante el anuncio del apagón definitivo de Garoña, las caras largas fueron la tónica en Burgos y el gobierno de Castilla y León. Para el vicepresidente de las Juntas, José Antonio de Santiago Juárez, Castilla y León se ha sentido en “absoluta soledad” y tiene la sensación de que se ha formado un “Fuenteovejuna de todos contra la central”, lo que ha llevado a no autorizar la renovación de la planta ubicada en el norte de Burgos, algo que calificó de un “error histórico” que tendrá consecuencias “indeseables”. Además, anunció que Castilla y León tiene la intención de implantar un impuesto sobre el combustible nuclear depositado temporalmente en Garoña.

También se produjo un buen puñado de voces críticas como las de la Sociedad Nuclear Española (SNE), sindicatos como UGT o la Sociedad la Asociación de Municipios de Áreas de Centrales Nucleares. El gerente de esta última organización, Mariano Vila D’Abadal, vaticinó que el Gobierno central “abandonará totalmente” los pueblos y zonas del entorno de la planta tras su cierre definitivo, tal y como “está pasando en Zorita”, la primera central española en desmantelamiento.

Según Vila, las administraciones “no van a mover un dedo” por estas zonas (un total de catorce pueblos) para “compensar el cierre de una actividad económica”. Por de pronto, la de Zorita “está siendo una experiencia dramática”, dijo.

SNE: “Tiene todas las garantías” Entretanto, la SNE lamentó que una instalación como Garoña, que a su juicio “tiene todas las garantías”, no pueda reanudar su actividad, aunque entendió también la decisión “ponderada” y la postura “lógica” del Gobierno Rajoy. El portavoz de la SNE, Eugeni Vives, manifestó que es “una pena” y “un día triste” por la noticia del cierre pero que, en definitiva, la posición del Ministerio “refleja el sentir” sobre la energía nuclear en general. Por su parte, la Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear (Astecsn) aseguró que la decisión de clausura socava la credibilidad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Más críticas se mostraron con la decisión de Energía las cámaras de comercio de Castilla y León, que consideraron “injustificado e irresponsable” el cierre de Garoña, ya que el Gobierno “no ha tenido en cuenta” las determinaciones de carácter técnico del CSN, que autorizó hace unos meses su reapertura cumpliendo con las inversiones en seguridad exigidas. Las cámara recordaron que en el Estado español existe “una elevada dependencia energética” del exterior, cercana al 73 %, frente al 53% de promedio de la UE, por lo que consideran que “es necesario generar energía nuclear, así como mantener el funcionamiento de las centrales existentes”, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad estipuladas.

Por su parte, el portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, Salvador Cruz, calificó de “error” la decisión de cerrar Garoña por la “pérdida de empleo importante” que supondrá para sus más de mil trabajadores, entre directos e indirectos, quienes, lamentó, hoy -por ayer- ven cerrada “la esperanza de reapertura”. Esta formación siempre ha defendido la continuidad de la central en la comunidad vecina. - C. M. O. / A. S. / I. A.