Iruñea - El jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), Ricardo Ezkurra, alertó que será necesario contratar más personal para poder realizar abortos en el Sistema de Salud Pública, tal y como establece el nuevo Decreto de Salud Sexual y Reproductiva, que se encuentra en su fase final de tramitación. Según manifestó, esta deficiencia de ginecólogos viene motivada ante las reticencias de la gran mayoría de ellos para practicar interrupciones voluntarias del embarazo.

Así se lo hizo saber a los parlamentarios durante la Comisión de Salud celebrada ayer, en la que informó sobre este texto centrándose en la implantación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en los servicios públicos. Durante su comparecencia, Ezkurra declaró estar “completamente de acuerdo en la necesidad del decreto”, ya que en los casi 20 años que llevan operativos los Centro de Atención a la Mujer se han manifestado varios déficits a los que esta norma busca poner solución.

Ezkurra declaró que, tras realizar entrevistas personales con los 53 ginecólogos que se encuentran a su cargo, solo ocho de ellos se mostraron de acuerdo con realizar abortos y todos ellos plantearon condiciones dependiendo de los casos. En otros casos, comentó, se encuentra con un problema social, ya que varios facultativos no estarían dispuestos a realizar estas intervenciones si fuesen un grupo reducido. “No quieren ser señalados de la sociedad, los abortadores”, explicó.

Teniendo en cuenta que existen siete centros de atención a la mujer dependientes de su servicio, el especialista hizo ver que se le presentan grandes problemas organizativos, ya que si no se contratase nuevo personal se vería obligado a “castigar” a los ginecólogos dispuestos a realizar interrupciones en el embarazo con una movilización de centro.

Contratar nuevos facultativos Una de las soluciones que se plantearon tras la exposición de este problema al departamento de Salud fue la de contratar nuevos facultativos que estuviesen dispuestos a ejercer esta labor. “A mi me vendría muy bien porque a quien contratásemos no iba a hacer solo eso, me supondría un aumento de plantilla que, además, iba a solucionar un problema organizativo”, concluyó.

Varios parlamentarios mostraron su disconformidad ante estas alegaciones de los ginecólogos y recordaron que si existe un registro de objetores de conciencia es precisamente para no obligar a ningún facultativo a actuar en contra de su voluntad, pero siempre respetando la ley, ya que si no se inscriben se entienden que pueden realizar esta labor.

Según el jefe del servicio, los problemas organizativos se extienden al área de reproducción asistida, ya que el nuevo decreto incluye también el derecho de optar a este servicio a parejas homosexuales y mujeres solteras. “En estos momentos la capacidad de la sección de Reproducción de Virgen del Camino está casi al límite”, alertó. En este sentido manifestó su convicción de que se producirá un aumento sustancial del personal, aunque por el momento desconoce de cuántas personas se tratará. A su juicio se podría calcular la demanda por parte de parejas homosexuales, pero sería muy complicado hacer estas estimaciones con respecto a las mujeres solteras. “Yo solicitaré el personal y si no lo tengo tendré que traerlo de otro sitio, pero esto implica que quizás haya déficit en otros lugares”, alertó Ezkurra.

En lo referente a los recursos técnicos anunció que el Complejo Hospitalario de Navarra ya se encuentra capacitada para atender a estas nuevas pacientes de fecundación, aunque aún faltan los equipamientos necesarios para el diagnóstico preimplantacional presupuestado en 20.000 euros y que ya está en proceso de adquisición.

El nuevo decreto incluye también al implantación de un servicio de urología, inexistente hasta el momento. Ezkurra aplaudió la incorporación de este nuevo servicio, asegurando que le parece “muy importante que se ponga en marcha porque ese es un déficit en la parte masculina en los centros que no existía”.

Ezkurra también subrayó que sus quejas en cuanto a la dificultad actual de poner en marcha el decreto se puede interpretar como un intento de poner dificultades a su implantación, “nada más lejos de la realidad”, aseguró.

El jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario de Navarra pidió en todo momento que se garantice “la privacidad de las mujeres que realizan el aborto, no solo la objeción de conciencia de quien lo van a hacer”.

En este sentido destacó que es responsabilidad del departamento de hacer cumplir el derecho que tienen los médicos y los profesionales a ejercer su objeción de conciencia, pero también advirtió de que tiene que ser compatible con el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo.