Covandonga Solaguren: “Vamos a defender la constitucionalidad de todos los artículos”

-En primer lugar, es otra vez una intromisión por parte del Estado en las competencias que tiene la comunidad autónoma . Sabemos que ha llegado una notificación, pero no ha llegado el contenido de lo que sería el recurso de inconstitucionalidad y la petición de suspensión de la ley. Sabemos que se han suspendido los artículos cuestionados, los que hacían referencia, principalmente, al estatuto jurídico de la propiedad: el canon, la vivienda deshabitada, el alquiler forzoso, la expropiación temporal del derecho de uso. Cuando lo recibamos, lo analizaremos. Sabemos que suspende esos artículos de manera automática durante cinco meses.

¿Qué va a ocurrir con los puntos afectados por el recurso de inconstitucionalidad?

-La ley es joven, es del 18 de junio de 2015 y entró en vigor el 26 de septiembre. Tiene poco más de seis meses. Nosotros hemos ido desarrollando la ley, por ejemplo, el decreto de depósito de fianzas y estamos con el decreto del desarrollo del derecho subjetivo. Sí que es cierto que esas materias que están en suspenso, de momento, no vamos a regularlas. Pero eso no quiere decir que no estemos estudiando cómo se pueden regular.

¿Hay forma de adaptarlas?

-El Gobierno lo que va a hacer es, como ha hecho estos meses, defender la constitucionalidad de todos los artículos de la ley.

Cambiando de tema y en relación a Etxebide, ¿qué preferencias muestran las personas registradas? ¿Alquiler o compra?

-Hoy en día, principalmente, la demanda es de alquiler, además con una diferencia muy importante. Cuando nosotros entramos, más del 70% eran personas que demandaban compra; ahora podemos decir que el 80, casi el 90% de demandantes serían en alquiler. Podemos decir de hay unos 41.000 demandantes de alquiler, y entre 11.000 y 14.000 demandantes de compra. Ha influido, en primer lugar, la coyuntura económica. Todavía sigue manteniéndose el perfil de cultura de la compra, pero también es cierto que las personas jóvenes son conscientes de la movilidad laboral que van a tener, de la incertidumbre, en muchos casos, en el empleo, y luego que es una mochila, como la que en su momento cargaban sus padres, de una hipoteca de 25 años.

¿Cuántas viviendas han captado para el alquiler en los últimos años? ¿Qué hacer para que los propietarios confíen en la gestión del Gobierno?

-Un objetivo de esta legislatura ha sido incrementar el parque público de alquiler. Tenemos en la actualidad un parque de 12.000 viviendas, de las que 4.600 las hemos captado de propietarios privados. Las otras viviendas que conforman el parque son públicas, tanto de la sociedad Alokabide como del propio Gobierno vasco. Siempre hay una reticencia, el propietario lo que quiere es una garantía de que va a cobrar la renta, una garantía de cómo le van a devolver la vivienda y una tranquilidad de que no va a tener problemas con el inquilino, y eso se lo da el programa Bizigune. Así, el programa Asap tiene una serie de seguros para garantizar el pago de la renta, la devolución de la vivienda en una situación similar y la asistencia jurídica en caso de que hubiese conflicto con el inquilino y tuviera que ir a juicio.

¿Ha habido casos de desahucios en viviendas públicas?

-Hay un procedimiento establecido desde el año 2013 que incluye una comisión multiprofesional en la que se evalúa la situación caso por caso. Y podemos afirmar que las personas que salen es porque están cobrando un dinero y no lo están destinando al alquiler, por una mala utilización de las viviendas, por un empecinamiento en no querer abonar, aun pudiendo, lo que son las rentas públicas o incluso por una actuación ilícita dentro de la vivienda. En estos casos, sí que ha habido desahucios. Pero también tenemos que decir el porcentaje: un 0,7.

¿Qué alternativas se les ofrece antes del desahucio?

-Cuando dejan de pagar la vivienda, se les llama y se les pregunta si ha habido una variación de sus ingresos. Si la ha habido, se les adecua la renta a un 30% máximo de los mismos, se les permite firmar un acuerdo de pago, es decir, para que vayan pudiendo pagar lo que no han pagado en plazos razonables a los que puedan hacer frente. Pero hay personas que incluso así dejan de pagar la renta. Entonces se les vuelve a llamar y se les pregunta cuáles han sido las circunstancias, si ha vuelto a cambiar su situación de ingresos, se les aplica una renta especial, se les pregunta por qué no han firmado el acuerdo de pago, si quieren firmar otro, pero hay gente que es reincidente, que continúa sin querer abonar. Entonces, ahí se analiza la situación. No vayamos a olvidar que es un parque de 12.000 viviendas y tenemos 41.000 personas esperando a una vivienda de alquiler social que sí pagaría una vivienda.

¿Cuántos casos ha atendido el Servicio de Mediación Hipotecaria para evitar desahucios?

-Esta es una competencia del Departamento de Justicia. Han sido bastantes, más de medio centenar. Esa es una fórmula que también está funcionando muy bien. Es decir, previamente a que el banco decida ir por la vía judicial, hay una persona de mediadora que negocia con el banco cómo adecuar las cuotas para que el ciudadano pueda mantenerse en su casa.