El Parlament aprobó ayer miércoles que la Conselleria de Educación de la Generalitat asuma "la plena responsabilidad política y jurídica en la instrucción y aplicación" de la inmersión lingüística en las escuelas catalanas, después de que Tribunal Supremo haya avalado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fijaba un 25% de castellano en las clases. Así, la Cámara catalana se rebela y no acatará la resolución judicial, y trabajará para que a través del Govern se pueda mantener el sistema educativo catalán.
El texto aprobado forma parte de una moción de la CUP, que contó con el respaldo de ERC, Junts, CUP y comunes, y el voto en contra de PSC, Vox, C's y PP. Además, la Cámara rechazó otras dos mociones de C's y PP que pedían que se cumpla el "mínimo obligatorio" del 25% de horas lectivas en castellano.
También se aprobaron los puntos de la moción de la CUP que piden que el Govern garantice que el catalán sea lengua vehicular, que se aplique la inmersión lingüística en todas las escuelas y que defiendan y protejan las decisiones del Parlament en materia de modelo lingüístico.
intenso debate
Durante un debate sobre la materia lingüística y educativa que resultó de gran intensidad, la socialista Esther Niubó llamó al Govern a abordar con todos los grupos parlamentarios la situación tras la sentencia del Supremo, que insistió en que "no supone ni la muerte ni el fin del catalán" en las escuelas, en las que debe seguir siendo lengua vehicular, aunque pueda haber otras lenguas vehiculares.
Por su parte, Mònica Palacín (ERC) pidió al debatir la moción de la CUP evitar "soluciones mágicas" -como dijo la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, después de que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, planteara que el Govern asumiera la dirección del centro de Canet-, y reclamó al PSC acudir a la manifestación de Som Escola del sábado en favor del actual modelo de inmersión.
"persiguen el catalán"
El diputado de Junts Pep Riera ha puesto ejemplos de testimonios de personas que llegaron a Cataluña desde el resto de España y defienden la inmersión lingüística, y acusó a PP, C's y Vox de actuar como "dignos herederos de los que durante siglos han perseguido la lengua catalana", y de utilizar el sistema judicial para modificar leyes aprobadas por mayorías casi unánimes en el Parlament.
Más allá, el diputado de la CUP Carles Riera criticó que ha habido "carencias y negligencias en la aplicación" de la inmersión por parte de los ejecutivos catalanes, y censuró que se hayan acatado las sentencias sobre inmersión y hayan renunciado, a su juicio, a defender lo aprobado por el Parlament.
Por último, la diputada de los comunes Jessica González también acusó a las administraciones de "relajarse" en los últimos años en la aplicación del modelo lingüístico y al Govern de una falta de actualización del mismo, tras lo que defendió que las políticas lingüísticas no pueden estar supeditadas al presupuesto de la Conselleria de Cultura.
