Euskadi y Nafarroa irán de la mano en la atención a víctimas y memoria

El Gobierno vasco y la Comunidad Foral firman un convenio para afianzar el trasvase de información y el acceso a los bancos de ADN, mejorar el rastreo de fosas y optimizar las ayudas

26.05.2021 | 01:30
Ana Ollo, junto con parte del equipo de Paz y Convivencia, en la exposición.

El Gobierno vasco y la Comunidad Foral van a firmar hoy miércoles en Bilbao un convenio para colaborar de forma más estrecha en el fomento de políticas conjuntas que tienen que ver con la memoria democrática, la atención a todas las víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos y la convivencia.

La consejera de Justicia del Ejecutivo vasco, Beatriz Artolazabal, y la directora del Instituto Gogora, Aintzane Ezenarro, rubricarán junto a la consejera navarra de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo; un documento que, de alguna manera, va a servir para poner negro sobre blanco algo en lo que ambas administraciones trabajan con buena sintonía desde 2015, cuando la CAV y Nafarroa se pusieron al frente de las políticas de memoria en todo el Estado.

El convenio que se firma este miércoles tiene una duración de cuatro años –prorrogables a otros cuatro si hay acuerdo conjunto– y es la percha jurídica que sujetará la colaboración conjunta en materia de memoria entre gobiernos, algo que se produce con normalidad y que no se limita a la CAV, sino que Nafarroa quiere extender también a otros territorios como La Rioja y Aragón cuya colaboración, por cercanía geográfica y buena vecindad, se ve importante para la localización de fosas o el rastreo de casos.

El convenio establece tres áreas de actuación muy concretas en la segunda línea de la administración. Es básicamente un acuerdo de colaboración entre equipos técnicos, que en Nafarroa han permanecido invariables desde 2015 pese al cambio de Gobierno en 2019.

tres pilares
 

El primer ámbito de colaboración tiene que ver con la memoria. Es el más importante, y supondrá un flujo constante de información entre el Instituto Navarro de la Memoria –al frente del que está el historiador Josemi Gastón– y el Instituto Gogora. La letra del convenio deja claro que lo que harán será "intercambiar información sobre víctimas de la represión franquista, a través del banco de ADN y centros de documentación"; desarrollar "proyectos de investigación" de forma conjunta; organizar exposiciones; y compartir el fondo audiovisual de víctimas del terrorismo, siempre que se tenga autorización de los afectados. Hay otro aspecto que establece el convenio: la CAV está interesada en el programa navarro de Escuelas con Memoria, y el convenio establece implantación.

El segundo pilar de colaboración se hace en materia de atención a las víctimas. La CAV ha sido pionera en este servicio, y en Nafarroa lo desempeña desde 2015 Blanca Burusko. Concretamente, el convenio propone trabajar en reparaciones integrales de víctimas, con la adopción de medidas conjuntas en materia de indemnizaciones y prestaciones. Además, Euskadi y la Comunidad Foral trabajarán para fomentar la presencia de víctimas en centros educativos, donde se quiere sensibilizar sobre los derechos de las víctimas.

La última pata tiene que ver con el servicio de Convivencia. Hay varios puntos de trabajo que se quieren hacer conjuntamente. El primero, apoyarse entre ambas administraciones para desarrollar planes de convivencia, ahora que Nafarroa trabaja en el suyo propio.

La colaboración conjunta comienza ya. O, mejor dicho, continúa desde ya. En el plazo máximo de tres meses, ambas administraciones crearán una comisión de seguimiento. Y aunque el convenio no recoge de forma expresa cómo será la financiación, sí que se establece que los proyectos conjuntos se negociarán en cada caso y se hará un reparto acorde a la participación de cada órgano.

las claves

cuatro años de vigencia

Comisión de seguimiento. El convenio entre Euskadi y Nafarroa tiene una vigencia de cuatro años prorrogables a otros cuatro. A partir de que se firme, ambas administraciones tendrán tres meses para poner en marcha una comisión de seguimiento que supervisará los trabajos conjuntos. El primer punto del convenio establece intercambios de bases de datos y también del banco de ADN. En segundo lugar, ambas instituciones pondrán a trabajar conjuntamente a sus oficinas de atención a víctimas. Por último, pondrán en común el primer plan de convivencia conjunto, así como otras iniciativas de sensibilización que se coordinarán entre ambos ejecutivos.

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