El Gobierno vasco, en su consejo semanal, ha autorizado a los servicios jurídicos a plantear un conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno español no accede a su requerimiento de corregir la redacción del decreto 203/2021 de 30 de marzo sobre sistemas de clave concertada e identificación electrónica que establece la autorización previa del Ministerio de Asuntos económicos tras un informe previo vinculante del Ministerio de Interior.

El consejo de Gobierno presidido por el lehendakari Iñigo Urkullu considera que el decreto, tal y como se encuentra redactado, "pervierte y desvirtúa" la previsión constitucional y del Estatuto de Gernika de distribuciones de competencias entre el Estado y Euskadi y tampoco responde a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

De hecho, el alto tribunal ya emitió una resolución (STC 55/2018) al respecto en torno a un recurso de inconstitucionalidad similar presentado por el Gobierno vasco a la redacción de la Ley de 2015 que ahora se vuelve a incluir en el decreto recurrido y en ella rechazó de plano que el Estado tuviera título para imponer su autorización ya que "este control administrativo indeterminado viene a colocar a las instancias políticas autonómicas y locales en una situación de dependencia jerárquica respecto del Estado".

El Gobierno español dispone ahora de un mes para revertir la situación; transcurrido ese lapso el Ejecutivo vasco dispondrá de otro mes para plantear el conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional.