Una vez superada la fase de la formación del nuevo Govern de Catalunya, todas las miradas se dirigen ahora a la posibilidad de indultar a los presos del procés, y el Gobierno español ya prepara el terreno para ello. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, adelantó ayer lunes que esta cuestión no tiene por qué consistir en un todo o nada, lo que pondría cuesta arriba una eventual decisión favorable. Así, abrió la puerta a conceder indultos parciales, "analizando el expediente concreto de cada penado". El resultado de ello serían "decisiones dispares" sobre esta medida de gracia: a unos se les concedería y a otros no.
El titular de Justicia se pronunció en estos términos en la antesala del pronunciamiento del Tribunal Supremo -que juzgó y condenó a los líderes soberanistas-, que se prevé tenga lugar esta misma semana y en sentido contrario a la concesión de los indultos. La Fiscalía también emitió un informe negativo, y aunque ambos dictámenes son preceptivos, no tienen un carácter vinculante. Eso sí, el porcentaje de indultos concedidos en contra del criterio del Ministerio Público y del alto Tribunal es muy escaso.
En un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el ministro de Justicia aseguró que los indultos "son instrumentos que están previstos en la ley desde 1870 y por tanto hay que verlos con naturalidad, sea favorable o desfavorable, parcial o total, no hay que asustarse". Llamó por tanto a la "serenidad" y a esperar el inminente dictamen del Supremo. Con su informe en la mano, "se valorarán una por una las distintas circunstancias que concurren y elevaré la propuesta al Consejo de Ministros, ahí habrá un debate evidentemente y se verá la posición del Gobierno", explicó.
Aunque toda la tramitación sobre los presos soberanistas se ha realizado prácticamente en bloque, por ejemplo con la concesión y posterior revocación del tercer grado de los reclusos, Juan Carlos Campo insistió en que "parece que los indultos del procés son todo uno. No, el indulto es una cosa que se pide para una persona y, por tanto, cada expediente tendrá vida propia". Según él, de este modo, "cada expediente será diferente", y tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, Instituciones Penitenciarias y cada uno de los condenados se pronunciarán cada uno con un informe específico.
No vinculantes
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo trabaja desde hace semanas para tener a punto su informe antes de junio, lo que supondrá que el Gobierno de Pedro Sánchez ya tendrá las manos libres para adoptar una decisión al respecto en las próximas semanas. Se presentaron al menos siete peticiones de indulto a favor del exvicepresident del Govern Oriol Junqueras; los exconsellers Bassa, Forn, Rull, Romeva, Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó -los tres últimos condenados por desobediencia-; los Jordis, Sànchez y Cuixart; y Carme Forcadell. Algunas de ellas se refieren a todos los condenados y otras, solo a algunos.
Ninguno de los informes del Supremo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado es vinculante para el Gobierno, que tiene la última palabra. La concesión de los indultos, en caso de producirse, corresponde al rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.
"Hay que ver con naturalidad estos instrumentos, sean favorables o desfavorables, parciales o totales"
Ministro de Justicia
