Euskadi trabajará el régimen abierto en un modelo de prisiones no condicionado por ETA

Artolazabal lleva su plan penitenciario al Parlamento Vasco, que aboga por impulsar la reinserción laboral y reconocer el daño causado

11.05.2021 | 17:56
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal

Un día después de haber firmado con el Gobierno español la transferencia de las prisiones, el Ejecutivo vasco ha comenzado  a poner las cartas boca arriba con el modelo penitenciario que pretende desplegar a partir del 1 de octubre, el día en que será efectivo el traspaso.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha presentado en Consejo de Gobierno un documento que apuesta por la reinserción del preso en la sociedad a través de un seguimiento individualizado y con itinerarios de Formación Profesional, educación universitaria y la búsqueda de un trabajo o el desempeño de labores comunitarias.

Además, se aboga por una justicia restaurativa que incida en el reconocimiento del daño causado o, incluso, en acuerdos de mediación con las víctimas que eviten el ingreso en prisión. El Gobierno vasco apuesta por trabajar con los presos para que dejen atrás su vida delictiva, y quiere potenciar el régimen abierto y las penas alternativas al ingreso en la cárcel.


APUESTA POR UN ENFOQUE SOCIAL


En las trece páginas del documento, se apuesta por un enfoque social para atender situaciones de vulnerabilidad, y no se menciona, por el contrario, ningún plan específico para los presos de ETA, lo que implica que no se les dispensará un trato diferente, para beneficiarlos o para perjudicarlos. La única alusión se recoge en las condenas de larga duración, donde se aclara que el trato a los reclusos de ETA "ha de ser sustancialmente idéntico" que el dispensado al resto.

Artolazabal ya había aclarado en una intervención parlamentaria que brindar a estos presos un trato diferente supondría un delito de prevaricación, frente a las voces de la derecha española que habían desplegado una campaña política contra el cumplimiento de este traspaso recogido en el Estatuto de Gernika. El modelo no estará condicionado por los reclusos de ETA que, además, por ahora son únicamente unos cuarenta sobre un total de 1.300.

La prioridad será atender situaciones de especial vulnerabilidad como, por ejemplo, el caso de las mujeres y los casos de violencia de género o las presas con hijos, donde sí se menciona expresamente que, siguiendo el reglamento penitenciario, se puede computar como trabajo en el exterior el trabajo doméstico en su domicilio.

Su documento de 'Bases para la implantación del modelo penitenciario' en Euskadi obra en poder del Consejo de Gobierno y también del Parlamento Vasco, donde la consejera ha pedido comparecer. Se ha abierto un proceso de escucha con agentes que trabajan en este ámbito y en el tercer sector social. Este sábado, la consejera; el juez Jaime Tapia, que va a asesorar en esta nueva labor; y la viceconsejera Ana Agirre se van a reunir con una veintena de representantes de ESEN, la red de cárceles de Euskadi-Nafarroa.



BASAURI, ZABALLA Y MARTUTENE


El Gobierno vasco gestionará las cárceles de Basauri, Zaballa y Martutene. La legislación penitenciaria seguirá en manos del Estado y será quien determine los requisitos para obtener un permiso de salida o una progresión de grado. Pero el Gobierno vasco tiene margen para impulsar un modelo más humano, trabajar con los presos en su reeducación y generar así las condiciones para que puedan acceder al régimen abierto (que permite volver al establecimiento penitenciario solo para pernoctar).

El Gobierno vasco cree en un modelo progresivo, en una transición que evite que el preso dé el salto abismal desde el régimen cerrado hasta la libertad definitiva. Será el juez de vigilancia penitenciaria quien ejerza el control.


CONSENSO PARLAMENTARIO


Lakua se apoyará en el amplio consenso del Parlamento Vasco que reflejaron las resoluciones de 2019 (solo PP+C's y Vox son críticos), y se guiará por la propuesta elaborada por un equipo de expertos de varias disciplinas, las reglas internacionales de las Naciones Unidas, y las del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Quiere lograr que "un mayor número de personas privadas de libertad cumplan sus condenas en un régimen de semilibertad", impulsar un "compromiso y exigencia personal" en los reos, proteger "más adecuadamente los derechos e intereses de las víctimas", reforzar la seguridad porque "una persona insertada respetará las normas penales" y tendrá una "menor reincidencia", y lograr que la ciudadanía esté más satisfecha.


MUJERES RECLUSAS


En una primera fase, se plantea elaborar estudios sobre la población reclusa femenina, con enfermedades mentales o mayor de 70 años; además de profundizar en las relaciones con el tercer sector social y las ONG, y fomentar la reinserción mediante la integración laboral. Se cita que las medidas podrán ser aplicables a los presos de ETA sin distingos, lo que se traduce en que, si un recluso de la organización ya disuelta es una mujer con hijos o tiene una enfermedad, podrá acogerse a las actuaciones que se impulsen para esos colectivos.

A partir de ahí, se desglosan cien medidas, y se cita que la decisión de no progresar a régimen abierto a un preso "habrá de justificarse". De saque, se apuesta por clasificar a una persona en tercer grado con penas de hasta cinco años. Y cualquier persona con arraigo en la CAV debe "poder ser atendida" aquí. Se impulsará una Red de Reinserción Vasca sumando esfuerzos del Gobierno, las diputaciones y los ayuntamientos.


VÍCTIMAS


Los informes de reinserción llegarían antes de la sentencia para que la condena esté orientada al regreso a la vida en sociedad, y se cita la prisión domiliciaria en casos de enfermedad para sustituir la prisión provisional (art.508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Se hará "pedagogía" para luchar contra la percepción de impunidad que tienen algunas personas sobre estas medidas.

Se ahondará en la justicia restaurativa con el pago de la responsabilidad civil. La reparación del daño causado a la comunidad "no necesariamente" implica trabajar con la víctima, sino que se mencionan círculos de apoyo, y el trabajo con víctimas indirectas.

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