Las instituciones vascas se afanan en blindarse contra la pandemia del covid-19 y trabajan en disponer de herramientas propias políticas y jurídicas para combatir la emergencia sanitaria y no depender de otros organismos o administraciones. En ese esfuerzo se enmarca el proyecto de ley antipandemia que han registrado hoy el PNV y el PSE en el Parlamento Vasco y que, según defienden, aportará "plenas garantías jurídicas" a las restricciones que pueda imponer el Ejecutivo autonómico.

En este sentido, jeltzales y socialistas ponen la vista en el escenario posterior al 9 de mayo, fecha en la que en principio decae el estado de alarma y el paraguas legal que brinda a las comunidades autónomas. En caso de que dicha medida extraordinaria no se prorrogue en el Congreso de los Diputados, la CAV quiere estar preparada para poder tomar las decisiones y restricciones que considere adecuadas para hacer frente al covid-19 a partir del verano. Por ello, esta proposición de ley de medidas para la gestión de la pandemia se debatirá en la Cámara de Gasteiz por la vía de urgencia, con lo que los tiempos para sacarla adelante se reducen a la mitad.

Para acortar todavía más los plazos, PNV y PSE han optado por impulsar la ley a través de una iniciativa de sus grupos parlamentarios en lugar de hacerlo desde el propio Gobierno vasco. Además, la aprobación del proyecto está asegurada en sede parlamentaria con la mayoría absoluta que suman las dos formaciones que sustentan al Ejecutivo de Iñigo Urkullu.

En cualquier caso, jeltzales y socialistas buscan que la oposición se una también a la futura norma antipandemia, con el objetivo de trasladar una imagen de unidad y cohesión de todos los grupos parlamentarios de la CAV. "En la lucha contra este virus debemos estar todos", han señalado los representantes Luis Javier Telleria (PNV) y Ekain Rico (PSE) tras presentar la propuesta de ley. Haya o no haya acuerdo con otras formaciones, el objetivo es que la nueva norma pueda estar aprobada antes de que termine el actual periodo de sesiones el próximo 24 de junio.

El proyecto de ley está preparado expresamente para la pandemia del covid-19; es decir, no será una norma aplicable a cualquier epidemia o emergencia sanitaria, sino que "responde a necesidades imperiosas y urgentes derivadas de esta pandemia en particular". Según explican los grupos impulsores de la iniciativa, hace falta "una ley concreta para una situación concreta" debido a las particularidades que tiene cada epidemia.

Respecto al contenido de la futura norma, el proyecto incluye un régimen sancionador para "garantizar el cumplimiento de las medidas" con multas entre 100 y 600.000 euros, y prevé cinco niveles de alerta en función de la transmisión del virus, así como otros indicadores relativos a la presión hospitalaria o la ocupación de las UCI.

Así, las restricciones y medidas sanitarias se establecerán en función de los niveles de alerta y el Gobierno vasco deberá informar al Parlamento cada dos semanas sobre la evolución de la pandemia y las decisiones adoptadas en el Ejecutivo.

EL PP AMAGA CON IR AL TC

La presentación del proyecto de ley ha suscitado el enfado de PP+Cs, que tacha de "fraude" la iniciativa y denuncia que pretende "saltarse todos los procedimientos" legales y atenta contra derechos fundamentales. Por ello, la coalición de derecha amenaza con llevar la futura norma al Tribunal Constitucional.

"Acabará en el Constitucional", vaticina el parlamentario Luis Gordillo, que cree que el mecanismo elegido para tramitar el proyecto de ley "se salta los mecanismos parlamentarios y la seguridad del procedimiento que establecen la Constitución y el Estatuto". En esa misma línea, asegura que la norma "va a afectar a los derechos fundamentales" de los ciudadanos vascos.