Aunque en las últimas semanas han existido contactos para retomar la mesa de diálogo entre el Gobierno español y la Generalitat, todavía no hay una fecha ni un orden del día al respecto y el embrollo judicial que afecta a Quim Torra sobrevuela en todo momento la negociación. Así, la posible confirmación de la inhabilitación del president por parte del Tribunal Supremo condiciona las conversaciones entre las dos administraciones, según reconoció ayer la portavoz del Govern Meritxell Budó, de JxCat y con una posición más fría sobre esta mesa que sus socios de ERC. A juicio de la consellera, si se confirma la inhabilitación de Torra al frente de la Generalitat, los trabajos de la mesa de diálogo se complicarán. Budó no quiso revelar si una sentencia condenatoria del Supremo echaría por tierra toda las conversaciones, pero sí aseguro que no sería precisamente un "elemento facilitador" en la negociación. "No ayudaría demasiado a una aceleración en el espacio de diálogo", reconoció la portavoz.
Asimismo, Meritxell Budó condicionó la celebración del próximo encuentro a que haya unos puntos claros a tratar y a que no se pongan líneas rojas. "Si no hay un orden del día, seguro que no iremos", advirtió la consellera, que reclamó asimismo al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la propuesta que traslade a la Generalitat refleje "por escrito" que se hablará en la cumbre del "ejercicio del derecho a la autodeterminación y de una ley de amnistía para presos políticos y exiliados". Según Budó, Sánchez puede aprovechar además para poner sobre la mesa su propuesta de reforma del delito de sedición, aunque recordó que el Govern defiende "derogar" ese delito.
Si finalmente el Tribunal Supremo confirma la inhabilitación del president, Budó evitó concretar si el Govern planteará que Torra participe igualmente en la próxima reunión de la mesa, pero sí dijo que el Ejecutivo español no podrá imponer quién va "por la parte catalana".
Por su parte, el Gobierno español asegura que está preparado para retomar las conversaciones con el Govern y mantiene su voluntad de reformar el delito de sedición, lo que afectaría a la situación penal de los independentistas encarcelados. Según expresó la ministra portavoz María Jesús Montero, la intención de su gabinete es convocar la mesa de diálogo en Catalunya "a la mayor brevedad posible" para buscar una salida al "conflicto" catalán.
En otro orden de cosas, JxCat y ERC volvieron a enzarzarse en previsión de la confirmación de la inhabilitación a Quim Torra y del escenario que se puede dar después. Desde Junts, su portavoz Albert Batet afirmó su temor respecto a que el vicepresident Pere Aragonès (ERC) pueda usurpar las funciones de Torra y suplantarlo como president si es inhabilitado.
Estas elucubraciones provocaron el enfado de Esquerra, cuyo portavoz Sergi Sabrià expresó su "extrañeza" por las palabras de Batet y aseguró que "nadie de ERC se aprovechará de la represión para usurpar funciones que no le corresponden". En cualquier caso, los republicanos volvieron a pedir a Torra que convoque elecciones.
