bilbao - El de ayer no fue un día fácil para el PNV. La sentencia del caso De Miguel sobre los manejos de los acusados y el cobro de comisiones en Araba fue un trago esperado pero desagradable, aunque puede recalcar como cortafuegos que esas personas actuaron a título personal y en beneficio propio, y que el PNV hizo lo posible por apartarlos del partido cuando estalló la noticia. El caso del exdiputado foral alavés de Administración Local, además, lleva coleando diez años, con el desgaste que eso supone para su imagen de buen gestor. Ayer se conoció la sentencia, y el PNV se aferró a la imagen de ejemplaridad contra la corrupción, como hizo desde el primer momento en que estalló el caso exigiendo a los implicados que entregaran el carné del partido. El PNV quiso cerrar el ciclo ayer con dos comparecencias al máximo nivel para seguir por esa senda: comparecieron el lehendakari Urkullu, que en 2010 era presidente de la ejecutiva del partido, lidió con este asunto y pidió los carnés para exhibir tolerancia cero; y el actual presidente del PNV, Andoni Ortuzar. Y lo hicieron para pedir perdón a la sociedad vasca, rechazar esos comportamientos, y aclarar que ni en la sentencia, ni en las acusaciones del fiscal ha habido asomo de que el PNV se beneficiara de esta trama o de que hubiera financiación ilegal. Esta es una diferencia importante con respecto a otros casos en el Estado español.
El lehendakari compareció ayer con toda la solemnidad en la sala de prensa oficial de Ajuria Enea. Esta decisión la tomó consciente de que asumía algunos riesgos por su posición institucional, pero quiso comparecer para pedir “disculpas a la sociedad por una actitud reprobable y contraria al ideario y valores éticos” que defiende su gobierno. La comparecencia de Urkullu tenía sentido porque era el presidente del partido en 2010 y quiso recordar que en aquel momento exigió los carnés a los acusados. Alfredo de Miguel, Aitor Telleria y Koldo Ochandiano entregaron el carné seis meses después tras las reiteradas exigencias de Urkullu, que no tenía otros instrumentos porque el PNV carecía de mecanismos en sus estatutos para abordar estas situaciones. En la posterior reforma sí se incluyeron.
Urkullu también compareció porque su gobierno va a trabajar para que se restituyan los 146.230 euros de las arcas públicas que fueron escamoteados en esta trama en contratos por trabajos que no se realizaron en el área de Juventud durante el mandato del lehendakari Ibarretxe. Por este asunto, ha sido condenado el exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles, aunque el exviceconsejero Gurutz Larrañaga ha sido absuelto. El lehendakari recalcó que el gobierno está personado y que peleará hasta por el “último céntimo”.
Urkullu, en cualquier caso, quiso poner de manifiesto que “los hechos responden a actitudes particulares”. “Ahora la sentencia lo deja claro: las personas condenadas actuaron en busca de su beneficio individual”, añadió. También mencionó que once de las 26 personas juzgadas han sido absueltas. Pero, sobre todo, enfatizó su “tolerancia cero” a la corrupción. “La decisión que tomé en 2010 fue contundente y tenía una intención ejemplarizante. Les invito a poner aquellas decisiones en el contexto de la respuesta a casos equiparables en aquel momento. Pusimos en marcha una actitud diferente a la hora de abordar estos casos”, dijo.
¿acusados en sociedades públicas? El único flanco que le puede quedar descubierto al Gobierno vasco en esta apuesta por la ejemplaridad es el de los puestos que ocupan algunos acusados en sociedades públicas. Por ejemplo, Alfredo de Miguel tiene un cargo en Hazi, pero las fuentes consultadas por DEIA aclaran que no se puede tocar a un funcionario mientras no haya una sentencia firme que lo inhabilite. La sentencia de ayer es recurrible, de manera que podrían pasar uno o dos años, según calculan. Estas plazas se tienen en propiedad y los acusados volvieron a ellas tras un periodo de excedencia. El Código Ético, según añaden, tampoco se puede aplicar en este caso para cesarlos. En el caso de Ochandiano, por su parte, trascendió su labor como contable en el Parque Tecnológico de Miñano, también después de exigir la reincorporación tras una excedencia.
El presidente de la ejecutiva jeltzale, Andoni Ortuzar, por su parte, pidió perdón por la trama a la sociedad vasca “con sencillez y sinceridad” desde la sala de prensa de Sabin Etxea. Dijo que el PNV “condena y condenará cualquier tipo de corrupción que altere la igualdad de oportunidades, que busque el enriquecimiento ilícito de personas o entidades, o que pretenda buscar atajos o beneficios injustos”. Añadió que es un día triste por haber tenido dentro de la organización “actitudes como las que refleja la sentencia que van en contra de todo lo que ha sido este partido”. Pero añadió que no es una “sentencia contra el PNV”, y que en el fallo queda claro que se trata de “comportamientos y actitudes individuales”. “No hay un beneficio político para el PNV”, dijo, para añadir que lo que hay es “un evidente perjuicio político” para los jeltzales. Aun así, reconoció que otra cosa es que el PNV tenga que “mejorar sus controles y sus procedimientos para que estas conductas no puedan repetirse o tengan muchísimas dificultades para repetirse”.
4.700 veces menos que los ere Ortuzar recalcó las diferencias con otros casos como la trama Gürtel del PP, donde se demostró la financiación ilegal de los populares, o los ERE de Andalucía, donde en algún momento se acusó a los implicados de utilizar “determinadas prácticas para generar una red clientelar que propiciara un mayor número de votos o afiliaciones”. “En este caso no suceden ni una cosa ni la otra”, dijo.
Las condenas impuestas a los cabecillas son inferiores a la petición de la Fiscalía, que planteaba penas ejemplarizantes, pero siguen siendo elevadas. De Miguel, con 13 años de condena y 9 de cumplimiento efectivo, supera los seis años de los socialistas Chaves y Griñán en Andalucía. La cantidad escamoteada a las arcas públicas, 146.230 euros, es sin embargo 4.700 veces menor que los 680 millones del PSOE en los ERE de Andalucía.
