Bilbao - El Foro Social presentó ayer un informe actualizado sobre la situación de los presos de ETA. Tras ocho años desde que la organización armada anunciara el fin de su actividad -octubre de 2011- y casi dos años desde su disolución -mayo de 2018- quedan en la actualidad 246 presos del EPPK (Colectivo de presos políticos vascos), 210 de ellos en cárceles del Estado español (28 mujeres y 169 hombres) y 36 en prisiones del Estado francés (siete mujeres y 29 hombres).

En el Estado español, y por lo que respecta a la calificación de grado, lo que permite pedir permisos o salir de prisión a trabajar, 128 presos se encuentran en primer grado (61%), el más restrictivo, 31 de ellos en unidades especiales de régimen cerrado (similar al aislamiento) en Sevilla, Córdoba, Huelva y Estremera; 27 en módulos de primer grado en Puerto de Santamaría, Teixeiro y Mansilla; y 70 “en módulos ordinarios o de segundo grado, pese a mantenerles en primer grado”.

El estudio destaca también que 45 personas presas clasificadas en segundo grado están solicitando permisos ordinarios de salida, pero “las negativas son, con salvedades, continuas”, y explica que los concedidos han sido únicamente nueve (tres en 2018 y seis en 2019). Además, señala que el 25% de los presos encarcelados en el Estado español, un total de 52, ya han rebasado los 20 años de pena cumplida. Las cifras son del colectivo oficial y no incluyen a los críticos. En cuanto a su ubicación, 148 personas se encuentran encarceladas en prisiones a una distancia de entre los 520 kilómetros de Ocaña (Toledo) y los 1.100 kilómetros de Algeciras (Cádiz). Entre ellos, hay 65 padres y madres y cinco presos enfermos. De los 148, la mitad (un total de 72) están encarcelados en Andalucía y doce en Murcia.

Un total de 57 personas presas están a menos de 520 kilómetros en las prisiones del cuadrante que comprende Asturias, Castilla León, Madrid, Aragón. De ellas, 21 reclusos están en las prisiones de Zuera, Soria, Logroño, Burgos y El Dueso-Cantabria. El informe indica que hay tres presos enfermos graves en prisión domiciliaria, y dos se encuentran en Zaballa o centros dependientes de Zaballa.

Según señalaron los portavoces del Foro Social, Agus Hernan y Teresa Toda, “todos los agentes políticos sociales y sindicales coinciden en que, junto a otras medidas, resolver en un plazo razonable la problemática de las personas presas, aplicando exclusivamente una legislación ordinaria y una política penitenciaria normalizada, sería una importante aportación a la construcción de una convivencia democrática”.