bilbao - Tras el acuerdo presupuestario entre el Gobierno vasco y Podemos, no hay razones objetivas que obliguen al lehendakari a adelantar las elecciones autonómicas al próximo mes de marzo. Esa opción había cobrado mucha fuerza, pero la situación ha dado un vuelco e Iñigo Urkullu afronta el tramo final de la legislatura en un contexto más plácido de lo que cabía imaginar hace unos meses. Ni se plantea unas elecciones en marzo que no parecían tan descabelladas hace poco, cuando no se descartaba que la oposición pusiera al Gobierno vasco en un aprieto similar al del año pasado tras la prórroga de las Cuentas de 2018 y la dimisión de su exconsejero Jon Darpón. En sentido estricto, el lehendakari podría agotar su mandato hasta el último minuto, hasta octubre del próximo año, pero sus colaboradores insisten en que solo él tiene en la cabeza lo que va a hacer, y hay dos opciones posibles: celebrar las elecciones en junio o julio, o hacerlo en octubre. La decisión dependerá en gran medida de las opciones que haya de arrancar más traspasos de competencias si se apura al límite el plazo.

Septiembre se considera un mal mes porque obligaría a disolver el Parlamento en pleno verano y a realizar la precampaña con los vascos pensando en las vacaciones. Urkullu celebró las últimas elecciones en septiembre de 2016, pero lo hizo por obligación, decretando un ligero adelanto técnico a ese mes porque quería evitar una coincidencia con las elecciones generales en el Estado. Pero septiembre no era santo de su devoción. Urkullu tiene la potestad de alargar el mandato hasta un mes después de la fecha de las últimas elecciones de septiembre, de manera que puede celebrarlas a finales de octubre. Nadie duda de que, si se ve obligado a elegir entre septiembre y octubre, escogerá octubre.

Puede convenir al Gobierno vasco que las elecciones sean en octubre y no en junio o julio para arrancar, por ejemplo, alguna transferencia más o aprobar algún proyecto en el Parlamento al margen de la Ley de Cooperativas. La decisión final puede depender del margen real que haya para aprobar leyes (si conviene alargar el mandato hasta octubre para encauzar y rematar proyectos para evitar que queden colgados con la convocatoria electoral) y, sobre todo, dependerá de la marcha de la negociación de las transferencias pendientes que recoge el Estatuto. Con la previsible investidura de Pedro Sánchez como presidente español en las próximas semanas, el consejero Josu Erkoreka tiene ante sí la posibilidad de retomar la negociación sobre el calendario con más de treinta materias y arrancar alguna competencia antes de las elecciones, porque hasta ahora solo se han transferido dos líneas de tren y todo el mapa de carreteras. Tendría un valor político incuestionable y sacaría brillo al balance de gestión de Urkullu. Si hubiera alguna opción de arrancar transferencias en el caso de apurar la legislatura hasta octubre, el Gobierno vasco lo hará. Lo mismo sucede con las obras del Tren de Alta Velocidad.

También es una opción factible que decrete un adelanto técnico de un par de meses para celebrar las elecciones en junio o julio. Esta es una posibilidad que han alimentado diferentes portavoces del PNV en público, preparando el terreno y asegurando que no sería un adelanto como tal. Sería una opción posible si Sánchez no retomara con carácter inmediato la negociación de las transferencias y no hubiera expectativas inmediatas de un acuerdo. Además, acabar en junio o julio permitiría, por ejemplo, que los relojes se pusieran a cero cuanto antes en un debate de tanta relevancia como el estatus de autogobierno donde, de lo contrario, si se esperase hasta octubre, sería muy probable que el tiempo corriera en vano, sin ninguna novedad, porque sería difícil que los partidos se movieran de sus posiciones y arriesgaran en puertas de unas elecciones. Por lo tanto, acabar en junio o julio tendría la virtud de que no se perdería casi un año en blanco con este debate, porque el nuevo Gobierno vasco no estaría constituido hasta finales de 2020 como pronto y, por tanto, la legislatura quedaría congelada. Todo dependerá de que el tiempo que le quede a la legislatura vaya a ser un tiempo útil para los acuerdos.

Otro factor que, en principio, parece menos relevante, es la posibilidad de una convocatoria de las elecciones catalanas. Si las vascas coincidieran con las catalanas, el debate podría verse condicionado, pero no hay forma de conocer cuándo sería esa cita con las urnas y si se celebraría en la primera mitad del año o en la segunda. En el ámbito económico, no se prevé un gran cataclismo que aconseje adelantar las elecciones.

El Gobierno vasco y Podemos presentaron ayer un acuerdo que da tranquilidad a Urkullu y refuerza la influencia del partido morado en suelo vasco, con un aumento del 4% en la RGI y una rebaja del 10% en las tarifas de las haurreskolak para 2020 y 2021, una medida que permite sacar pecho a las filas de Lander Martínez frente a la izquierda aber-tzale. Este acuerdo ha dado oxígeno a ambas partes: al Gobierno vasco, para acabar la legislatura si lo desea; y a Elkarrekin Podemos, para ganar influencia (aunque Ezker Anitza se desmarca).

Realismo

Urkullu aprovechó la inauguración de una fábrica en Ortuella para poner en valor que el acuerdo contribuye “a la consolidación del crecimiento económico y a generar nuevas oportunidades de empleo y de mayor calidad”. Alabó la actitud “positiva y constructiva” del PNV, PSE y Podemos en “tiempos de incertidumbre”. “Desde una base de realismo, responsabilidad y ambición compartida hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo positivo para la sociedad vasca que abre nuevas oportunidades a seguir construyendo Euskadi desde la colaboración”, dijo.