BARCELONA. Así lo han indicado a Efe fuentes de la defensa de Bassa, ejercida por el abogado Mariano Bergés, después de que en la sentencia del Tribunal Supremo se le atribuye en los hechos probados que el 29 de septiembre de 2017 "retiró a los funcionarios de Enseñanza y Trabajo, de cuyos departamentos era titular, la competencia sobre los centros de votación".
En septiembre de 2017 la consellera de Enseñanza era Clara Ponsatí, actualmente huida de la justicia española en Escocia.
Según la sentencia, que condena a Bassa a doce años de cárcel por sedición y malversación, la exconsellera tuvo una "intervención decisiva" de cara a garantizar la disponibilidad de los locales para el referéndum, "blindándolos ante una eventual negativa de sus directores a la apertura".
"Para evitar riesgos y que iniciativas individuales pudieran inferir en el plan trazado, el día 28 de septiembre y hasta las 07.00 horas del día 2 de octubre, avocó para sí la competencia de todos los directores responsables de los centros afectados", sostiene el fallo.
Las defensas de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Cuixart ya anunciaron ayer que piensan recurrir la sentencia agotando todos los procesos judiciales, primero haciendo uso del incidente de nulidad frente al Supremo y más tarde acudiendo al Tribunal Constitucional en recurso de amparo.
