reconocimiento y reparación

El Gobierno vasco avanza hacia una ley de Memoria Histórica en Euskadi

EL EJECUTIVO URKULLU LLEVA VARIOS MESES DANDO FORMA A UN MARCO NORMATIVO Y ESTUDIA NUEVOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN QUE COMPLEMENTEN LOS YA DESARROLLADOS DESDE GOGORA

09.02.2020 | 09:12
Familiares de víctimas del franquismo en el columbario de Elgoibar.

Regulará un reconocimiento a todas las víctimas del franquismo y los espacios sobre la memoria

bilbao - El debate sobre la urgencia de una ley de Memoria Histórica en Euskadi se ha reactivado en las últimas semanas tras la presentación hace días en el Parlamento Vasco de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por parte de la Plataforma Vasca de Crímenes contra el Franquismo. La propuesta se añade a los pasos que el Gobierno vasco viene dando desde finales del año pasado y especialmente a partir del pasado abril para avanzar hacia un marco normativo que legisle sobre esta materia. En un principio, Lakua planeaba regular el asunto reformando la ley de fundación de Gogora en 2014, pero ahora se prevé que el borrador de la nueva ley llegue al Parlamento Vasco antes de que acabe el año.

Fuentes del Ejecutivo de Iñigo Urkullu consultadas por este diario aseguran que la Secretaría de Convivencia, Derechos Humanos y Cooperación tiene ya perfiladas las nuevas líneas de actuación a sumar a las ya desarrolladas profusamente por Gogora, el Instituto Vasco de Memoria, y que han situado a Euskadi entre las comunidades autónomas más proactivas y avanzadas en el desarrollo de políticas públicas por la memoria.

Las áreas de trabajo pendientes para homologarse a otras leyes de memoria equiparables en el Estado español son muy pocas, según fuentes parlamentarias. Sobre todo comparando con las ya desplegadas en los últimos años desde las instituciones públicas vascas.

A mediados de 2018 el Gobierno vasco encomendó a una comisión de expertos un informe para que dictaminara si era pertinente o no la tramitación, y en su caso aprobación, en Euskadi de una ley de Memoria Histórica o si era preferible optar por una modificación e incorporación de los "retoques que fueran necesarios" en la Ley de creación del Instituto Vasco de la Memoria.

La aprobación de esta ley no estaba incluida en el calendario legislativo del Ejecutivo de Urkullu ya que inicialmente no se veía necesidad de dar una cobertura legal a la bateria de iniciativas, muchas de ellas ya en marcha desde años atrás, que ya se venían desarrollando desde el propio Gobierno a través de Gogora.

Sin embargo, a partir de este dictamen de los expertos, en noviembre de 2018 el Gobierno comenzó a estudiar la posibilidad de empezar a redactar un texto articulado porque, aunque no era la opción preferencial de los expertos, no la desaconsejaban y apreciaban aspectos positivos.

A finales del año pasado los investigadores en memoria histórica Marije Hristova y Paco Ferrandiz entregaron el informe a Gogora que a su vez lo remitió al Parlamento Vasco. Fue el preámbulo de la decisión de poner en marcha la maquinaria para una ley que regulara esta materia. En abril de este año Gogora se reunió con los expertos que participaron en su día en la elaboración de la ley de Memoria Histórica de Andalucía de cara a abordar el estudio y desarrollo del anteproyecto de la ley de Memoria Histórica de Euskadi.

El Gobierno vasco recibirá en unas semanas el primer borrador de una futura ley de memoria histórica de manos de Eduardo Barrera, abogado que ha asesorado sobre estos temas a la Junta andaluza. La normativa andaluza aprobada en 2017 ha sido considerada como una de las más avanzadas del Estado español en cuanto a su cobertura jurídica, pero no tanto en su desarrollo práctico. Con la llegada del PP a la Junta de Andalucía, apoyado en Ciudadanos y Vox, la ley está quedando descafeinada ya que los partidos de la derecha la quieren convertir en una ley de concordia, liquidando un texto legal creado para asumir el deber del Estado en la reparación de las víctimas del franquismo.

tramitación de la ley Lakua prevé compartir el borrador en septiembre con los partidos políticos y otros agentes, y posteriormente se abrirá el procedimiento parlamentario para tramitar la ley. Los ritmos parlamentarios complican su aprobación antes del final de esta legislatura (prevista en otoño de 2020), salvo que la coincidencia entre los partidos sea plena y se acorten los tiempos. Para que la ILP de la Plataforma de Crímenes contra el Franquismo sea tramitada debería recoger 10.000 firmas de apoyo, pero si el Gobierno registra antes su propuesta, no tendrá recorrido.

La nueva ley vasca deberá dar cobertura legal a las actuaciones ya encarriladas desde Gogora y las instituciones vascas, pero además deberá prever y regular los nuevos ámbitos a explorar. Así deberá legislar un marco de reconocimiento general de todas las víctimas del franquismo y regular los lugares de memoria, una labor ya avanzada en el caso del Cinturón de Hierro.

En esa misma línea, deberá ordenar con rango oficial las entidades de memoria histórica que operan en Euskadi habilitando un registro. Las fuentes consultadas también subrayan que la futura norma deberá contemplar la creación de un Consejo vasco de la Memoria Histórica, integrada por las diferentes instituciones públicas y los agentes sociales involucrados. El Gobierno vasco estudia la conveniencia de establecer en la ley un régimen sancionador con multas económicas para los casos en los que no se cumplan las normas sobre memoria histórica.

Desde su fundación hace cinco años, el instituto Gogora ha dado pasos relevantes en el reconocimiento, tipificación y tratamiento específico de los distintos tipos de víctimas del franquismo, atendiendo además a su reparación. Asimismo, ha procedido a la identificación y localización de víctimas y ha realizado una ingente labor en cuanto a exhumaciones de víctimas del franquismo. Los expertos en esta especialidad afirman que, junto con Nafarroa, la CAV está muy cerca de completar con el total de exhumaciones, una situación muy diferente a la que presentan la mayoría de las comunidades autónomas del Estado.

Ligado al censo de víctimas y la localización de fosas, el pasado junio Gogora envió al Parlamento Vasco un informe sobre los vascos trasladados y enterrados en el Valle de los Caídos sin el consentimiento de sus familias. También ha inaugurado el columbario de Elgoibar, un sepulcro colectivo en el que descansan los cadáveres de una veintena de personas localizadas en fosas comunes.

La ley que regula Gogora también legisla sobre los símbolos y actos contrarios a la memoria democrática y ofrece apoyo y ayudas a los movimientos memorialistas que trabajan en el campo de la memoria e impulsa planes educativas y de divulgación.

El objetivo principal del Instituto Gogora es la promoción de programas de conmemoración, conservación, investigación, formación, participación, integración, asesoramiento, consulta y difusión. Según la Ley 4/2014 que regula su creación, el marco de actuación de esos programas se corresponde con las "cuatro experiencias traumáticas" vividas Euskadi en las últimas décadas: "la Guerra Civil, la dictadura franquista, el terrorismo de ETA y los contraterrorismos ilícitos"; y ello con el fin de garantizar, impulsar y desarrollar los derechos humanos, promover la memoria y buscar "el progreso y desarrollo de la convivencia democrática".

LEY VASCA DE MEMORIA

GOGORA