Gasteiz - El Parlamento Vasco aprobó ayer la quinta modificación de la Ley de Policía de 1992, justo en el momento en el que el Tribunal Supremo ha puesto en un brete a los ayuntamientos vascos y a los más de 600 policías locales interinos que, en virtud de la sentencia, podrían ser vetados para ejercer su trabajo. El texto legal prevé la creación de la figura del auxiliar de policía, que no podrá portar armas ni ejercer en plenitud la autoridad que sí se atribuye a los funcionarios de carrera, para paliar esa futura imposibilidad de contratar a interinos.

La norma salió adelante con el voto favorable de PNV y PSE, y también con el apoyo de un PP que ha logrado introducir importantes modificaciones en el texto legal. En contra, Elkarrekin Podemos y EH Bildu, que ayer recurría a la inseguridad jurídica que puede generar la sentencia del Supremo para oponerse a un texto que además, al igual que la coalición morada, considera que responde a un modelo policial obsoleto. “Esta ley nos traerá problemas, es una chapuza”, advertía el parlamentario abertzale Julen Arzuaga, a pesar de que en otras ocasiones, como por ejemplo en la ley de abusos policiales, EH Bildu ha apelado a la soberanía del Parlamento Vasco para ignorar los reparos de los tribunales españoles a las resoluciones del legislativo de Gasteiz. Afirmaba Arzuaga, por ejemplo, que las versiones en euskera y castellano difieren en lo relativo a los agentes interinos.

Además, EH Bildu acusaba a los sindicatos de la Ertzaintza de haber mantenido la conflictividad hasta que se ha aprobado la ley por una cuestión meramente económica, y felicitaba al PP por su influencia en la redacción final, al igual que lo hacía Elkarrekin Podemos.

El portavoz de esta formación, Lander Martínez, aseguraba que el Parlamento sacó adelante “la ley que el PP querría aprobar en materia de policía”. Martínez también incidía en la inseguridad jurídica que a su juicio lastra al texto legal. “Ante la sentencia del Tribunal Supremo, la reacción más responsable habría sido paralizar la tramitación y solicitar un informe jurídico”, censuraba.

También se mostraba insatisfecho por la ausencia, dijo, de medidas “para eliminar la segregación horizontal y vertical motivada por prejuicios y estereotipos de género, para transformar una cultura profesional machista, para acabar con la brecha salarial por motivos de género, para implantar medidas de corresponsabilidad, para implantar medidas de acción positiva y para garantizar una institución libre de discriminación”.

Enfrente, el jeltzale Joseba Zorrilla celebraba la aprobación de una ley basada en tres ejes: “La transparencia y dación de cuentas de la actividad policial, la regulación del personal de la policía del País Vasco, y la dotación a los municipios de herramientas para mejorar la gestión de los servicios policiales municipales”.

El socialista Txarli Prieto, por su parte, señalaba que la ley “mejora la seguridad de las personas y la de sus intereses, aumenta la transparencia y las garantías democráticas; mejora la incorporación de mujeres; y la formación, los medios materiales, los recursos humanos y los recursos económicos de los servidores públicos de la seguridad ciudadana”.

Por último, la popular Nerea Llanos destacaba que el texto incorpora el 75% de las propuestas de su partido, entre ellas la concesión a los alguaciles de la categoría de agente, la reducción de los puestos de libre designación, el aumento de la edad de ingreso a 38 años, o la obligación de que los policías locales porten armas.

oposiciones extraordinarias La aprobación de la Ley de Policía fue celebrada por la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, quien explicó que, además, de la creación del auxiliar de policía, existen otras previsiones para acabar con la interinidad y sortear la sentencia del TS. Así, señaló que se contempla la convocatoria de oposiciones extraordinarias si es necesario, y que los ayuntamientos podrán ampliar las plazas de la OPE cuyos agentes comenzarán el curso de Arkaute en noviembre. Además, afirmó que los 600 interinos actuales no se verán afectados “de forma inmediata” por la sentencia, que solo afectará a agentes concretos de Santurtzi cuando entre en vigor, en dos meses, siempre que ningún potencial afectado acuda al Constitucional. En Baleares sí que el Tribunal Superior de Justicia recurrió al TC el decreto que regulaba la interinidad de los policías locales por entender que invadía competencias estatales, pero a diferencia de Euskadi, esta comunidad autónoma no tiene transferida la Policía.