bilbao - El anuncio por parte del Gobierno de que procederá a la exhumación de los restos de Franco el próximo 10 de junio supone un intento de dar carpetazo a un embrollo legal que se ha dilatado durante más de medio año, con una sucesión de fallos y veredictos judiciales en el pleito que el Ejecutivo mantiene con la familia del dictador. Sin embargo, todo apunta a que no será el último capítulo de este tortuoso proceso, debido a que el Supremo está pendiente de pronunciarse y, sobre todo, a que nadie puede asegurar que en la fecha elegida Pedro Sánchez siga en La Moncloa.

Así, tras una sucesión de recursos por parte de los allegados de Franco, el asunto está en manos del Supremo, que debe decidir antes de la fecha elegida por el Gobierno para el traslado si lo autoriza o lo suspende, tal y como reclaman los abogados de la familia en su última alegación. En paralelo, un juzgado de Madrid ha paralizado el permiso de obras para proceder a desenterrar los restos de la cripta del Valle de los Caídos. Su titular, el magistrado Yusty Basterreche, mantiene vínculos con grupos ultra y la Abogacía del Estado ya ha pedido que se le aparte del caso.

A todo este rompecabezas judicial se le suma ahora el interrogante político debido a la fecha fijada por Pedro Sánchez para efectuar la exhumación. Tras las generales del 28 de abril es una incógnita saber quién ocupará la presidencia del Ejecutivo mes y medio más tarde. Aunque el escenario más probable es que el actual Gobierno continúe en funciones, no es descartable que para dicha fecha haya un presidente de otro color si las tres derechas suman tras los comicios.

Otro escollo a la hora de proceder a la exhumación es la posición de los monjes benedictinos que residen en el monasterio del Valle de los Caídos, encabezados por el prior Santiago Cantera, que en todo momento se ha mostrado dispuesto a desobedecer los dictámenes judiciales e impedir el traslado de los restos del dictador. Los religiosos se han enfrentado incluso al Vaticano, que ya ha dado el visto bueno a las intenciones del Ejecutivo español. - M. Aizpuru