Bilbao - Preguntas filtradas, casos prácticos muy concretos, actas notariales que adelantan los resultados, exámenes “sospechosamente” perfectos, tribunales escépticos y la idea generalizada de que “esto siempre ha sido así”. Todas estas cosas se han dicho y denunciado en las pruebas de las especialidades médicas de la OPE de Osakidetza de 2018. Un proceso de selección que originó un tsunami que se ha llevado por delante a Jon Darpón, a punto de ser reprobado por el Parlamento Vasco.
La semana pasada un juzgado de Gasteiz admitió a trámite las denuncias de la Fiscalía, acordó incoar diligencias previas y emitió citaciones. Se trata -tras el informe de la Fiscalía- de los primeros pasos en el proceso judicial derivado de unas denuncias de irregularidades que se conocieron en junio de 2018, que están teniendo un largo recorrido mediático y político y que, además de la dimisión de Darpón, han costado el puesto a varios altos cargos: María Jesús Múgica, Juan Carlos Soto y Ricardo Ituarte.
El caso OPE comenzó el 1 de junio del año pasado cuando tres médicos y varios sindicatos denunciaron “irregularidades” en las pruebas de Angiología, Anestesiología y Cirugía Vascular y apuntaban que “el proceso no había sido igualitario”. Al día siguiente la Dirección de Osakidetza anunció la apertura un expediente para investigar esas pruebas, algunos de cuyos resultados fueron cuestionados por un miembro del tribunal examinador. A las denuncias, declaraciones y sospechas se sumaba la existencia de actas notariales en las que tiempo antes de que se realizaran las pruebas se adivinaron “al detalle” los resultados que iban a salir de ellas.
denuncias Con todo esto, los sindicatos llevaron el caso a la Fiscalía, que este pasado mes de febrero determinó que había indicios de delito en, al menos, los exámenes de once especialidades médicas. En tres de ellas -Anestesia, Angiología y Digestivo- la Fiscalía identificó a tres responsables directos: tres jefes de servicio que redactaron las preguntas de sus especialidades. Estos son los médicos que a finales de mayo tendrán que acudir al juzgado a declarar como investigados por un presunto delito de revelación de secretos. En otras ocho especialidades -Cardiología, Traumatología, Cirugía Plástica, Urología, Medicina Intensiva, Urgencias, Microbiología y Cirugía Cardiovascular- la fiscal Carmen Adán también vio indicios de delito, pero requiere que se practiquen más diligencias para confirmarlos y determinar quienes fueron los responsables.
Antes de que la Fiscalía tomara cartas en el asunto, Osakidetza y el Departamento de Salud dieron algunos pasos para responder a las denuncias y a las iniciativas parlamentarias que exigían una investigación y la depuración de responsabilidades. Así, Osakidetza encargó a expertos de la Universidad de Oviedo que analizaran el método, realización y evaluación de unas pruebas a las que concurrieron 96.235 personas que optaban a 3.335 plazas en la sanidad pública vasca. A raíz de esa investigación el Servicio vasco de Salud expedientó a varios miembros de tribunales, decretó la suspensión provisional de algunas pruebas y ordenó la repetición de cinco exámenes.
Posteriormente, en febrero de este año, también se constituyó en el Parlamento Vasco una ponencia que se encargará de analizar la política de personal y los procesos selectivos en Osakidetza, y en su caso, de plantear las modificaciones necesarias para evitar que se repitan las irregularidades de la última OPE.
Al mismo tiempo que la Fiscalía superior del País Vasco realizaba su investigación y Osakidetza adoptaba medidas para reconducir el escándalo de la filtración de exámenes, el Ararteko se implicaba con una intervención de oficio. El resultado, presentado en enero, incluía una serie de recomendaciones para garantizar la igualdad, imparcialidad y transparencia de futuras OPE. Entre otras cosas, el Ararteko recomienda elegir por sorteo a los miembros de los tribunales y fijar los criterios de elaboración de exámenes.
