bilbao - Pablo Casado dio ayer una vuelta de tuerca a su ofensiva contra el autogobierno y propone ahora una moratoria para congelar las transferencias a las comunidades “desleales”, lo que supone condicionar el cumplimiento de la ley a un criterio político. El término utilizado, además, va a provocar con total seguridad otra controversia. La alusión a las comunidades desleales evoca de manera inevitable a las provincias traidoras de la dictadura franquista. Bizkaia y Gipuzkoa recibieron ese sambenito en 1937 por su apoyo al gobierno republicano y les fue arrebatado el sistema del Concierto Económico a modo de represalia. La medida que anunció ayer Casado se detalla en el decálogo que presentó en Toledo. El documento propone en su punto sexto una “moratoria de transferencias de competencias, de modo que se evalúe cómo se desempeñan las competencias transferidas a las comunidades autónomas”, y se decida “paralizar la cesión de nuevas transferencias si están siendo desleales”. En su discurso, puso el ejemplo del supuesto adoctrinamiento en las escuelas.

El presidente del PP no ha moderado su discurso y parece encontrarse cómodo en la polémica que ha desatado la moción de su partido en el Senado en contra del calendario de transferencias vascas. El lehendakari Urkullu está preparando una respuesta institucional para el Consejo de Gobierno de mañana, y este último posicionamiento del PP arroja más leña al fuego. Casado volvió a agitar el discurso más duro en el marco de su pugna por reagrupar el voto de la derecha, y perfiló un decálogo que incluye una apuesta por reforzar las delegaciones del Gobierno español en las autonomías, una figura que en la comunidad autónoma tampoco es vista con buenos ojos por el PNV y EH Bildu, aunque en los últimos meses la tensión ha bajado con el perfil más discreto de Jesús Loza. Durante los mandatos de los populares Carlos Urquijo y Javier de Andrés, la conflictividad judicial fue incesante. Casado apostó por “reforzar la presencia del Estado” en las autonomías.

En la convención del PP sobre cohesión territorial celebrada en Toledo, Casado añadió la promesa de que “nunca más” habrá mesas bilaterales con ninguna comunidad en materia de financiación, en un recado claro a Catalunya. Además, insinuó un control financiero sobre los territorios al defender que el Estado debe asegurarse de que las autonomías hacen un buen uso del dinero de todos, nuevamente en una referencia velada a los catalanes. En el caso de que esta intención se aplicara sobre la CAV y Nafarroa, supondría cruzar otra línea porque cuentan con un sistema de recaudación propio en virtud del Concierto Económico.

Casado anunció de viva voz su apuesta por una moratoria de transferencias para las “comunidades autónomas desleales que las utilizan contra los propios españoles”. A su anuncio le siguió una ovación. Dejó caer que piensa sobre todo en Catalunya y su modelo educativo. Añadió que, según el título 8 de la Constitución, todas las competencias son estatales y es transferible su administración. Citó que la educación es una competencia estatal, pero que la administración está transferida a las autonomías. “Lo que decimos es que las transferencias que queden pendientes habrá que evaluar cómo se desempeñan. Si una comunidad está adoctrinando a los niños en la educación, quiere que los profesores sean de determinada adscripción o hablen determinada lengua o está modificando la historia, la inspección educativa tiene que actuar. Para eso está España”, clamó.

Esta explicación contradice la que ha dado el PP sobre su moción en el Senado, y la que han ofrecido los propios populares vascos. Hasta ahora, decían que no se oponían a los traspasos, sino a la lectura extensiva del PNV sobre el alcance del Estatuto. Ahora se ve que existe una desconfianza de raíz sobre las autonomías.

lengua Casado se refirió a la lengua española, justo después de que el líder de C’s, Albert Rivera, haya agitado también este asunto en la precampaña con el compromiso de que se convierta en lengua vehicular en Catalunya. Ese debate, de hecho, fue la razón de ser del nacimiento de C’s. Casado se subió al carro. “La lengua española va a ser, cuando gobierne el PP, la lengua vehicular”, defiende el partido. También se defiende el castellano en la relación con los funcionarios: “Cuando gobierne el PP, las administraciones estarán obligadas a comunicarse con el ciudadano en español”.

El decálogo incluye una referencia al “mercado único”, un asunto que ya trajo cola entre el PNV y el expresidente Rajoy y que ahora podría volver a la palestra con un gobierno de Casado, que además espera apoyarse en Ciudadanos y la ultraderecha de Vox.