Bilbao - El expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, abrirá la sesión de la tarde del próximo miércoles del juicio contra los líderes del procés, retrasando de este modo en 24 horas su comparecencia prevista inicialmente para el martes. El Tribunal Supremo ha concentrado las testificales de los primeros testigos del juicio los próximos días 27 y 28 (miércoles y jueves de la próxima semana), al quedar dos acusados por declarar. Así, además de Rajoy, su segunda en el Ejecutivo del PP Soraya Sáenz de Santamaría y el presidente del Parlament, Roger Torrent, comparecerán el miércoles, mientras que el lehendakari, Iñigo Urkullu, abrirá la sesión del jueves. El tribunal del procés ha tenido que modificar el calendario al no haber declarado todavía el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ni la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los dos últimos interrogatorios que quedan por practicar.
De esta forma, el Tribunal Supremo, que ha optado por adelantar las testificales de los políticos para alejarlos de la campaña electoral de las elecciones del 28-A, condensa las veinte declaraciones que había previsto para tres días en dos, con diez comparecencias por día y un intervalo de media hora para cada uno.
El primero en comparecer seguirá siendo el diputado de ERC Joan Tardá, y le seguirán el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent; y el expresidente de la Generalitat Artur Mas. Tras los políticos catalanes será el turno de la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, el primero en declarar será Rajoy, seguido de la excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal y de la expresidenta del Parlament Nuria Gispert. Cierran el calendario del miércoles las comparecencias de los exdiputados de la CUP Eulalia Reguan y Antonio Baños.
El jueves, día 28, comenzará con la testifical del lehendakari, Iñigo Urkullu, y le seguirán el diputado de ERC Gabriel Rufián, el exparlamentario catalán Albano Dante-Fachín, el expresidente del Parlament Ernest Benach, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. En la sesión de la tarde declararán, entre otros, el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido y el exportavoz de En Comú Podem Xabier Domenech.
Demasiado justo Sin embargo, a tenor de lo sucedido el pasado jueves con la intervención de Jordi Sànchez, todo hace indicar que la previsiones de las declaraciones están cogidas por los pelos y, a priori, es complicado que se cumplan los turnos a tiempo. En un intenso rifirrafe con la Fiscalía, la declaración del expresidente de la ANC se alargó por espacio de cinco horas. Con este precedente, no es descabellado pensar que los dos procesados que quedan por declarar, Jordi Cuixart y Carme Forcadell, pueden superar con creces el tiempo empleado por Sànchez.
Además, y por lo que respecta a los testigos, la Sala ha establecido 30 minutos para cada uno de ellos. No obstante, y a diferencia de los procesados que se pueden negar a declarar a algunas de las partes -Fiscalía o Acusación popular-, los testigos están obligados a responder a todas las preguntas.
Por ello, si el jueves no se pudiera terminar con esta fase se emplazaría al viernes 1 de marzo pero solo en horario matinal.
TrAPERO, A LA an Por otro lado, la Audiencia Nacional se ha declarado competente para juzgar al exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero por el 1-O y por no frenar “el asedio” a la Consellería de Economía, al entender que el delito de rebelión por el que se le acusa es competencia de este tribunal desde una reforma a raíz del 23-F. Además de Trapero, en el banquillo se sentarán por estos hechos el exdirector de los Mossos, Pere Soler; el exsecretario general de Interior, César Puig, -segundo del exconseller Joaquim Forn- y la intendente de la policía autonómica Teresa Laplana.
Las defensas de Puig y Soler habían cuestionado la competencia al considerar que los delitos de rebelión y sedición no fueron incluidos por el legislador entre las materias atribuidas a la Audiencia Nacional y que la Ley Orgánica de 1988 solo le atribuye la competencia para conocer delitos de rebelión si fueran ejecutados por bandas armadas o terroristas. Sin embargo, el auto señala que tras el golpe de Estado del 23-F una Ley Orgánica de 1981 reformó los delitos de rebelión y atribuyó su competencia a la Audiencia Nacional, por lo que la Sala considera que desde ese momento “la Audiencia Nacional fue apoderada por el legislador para conocer los delitos de rebelión”.
