El programa Pegasus, un "malware" de ciberespionaje, ha sido utilizado incluso para espiar a varios políticos de relieve internacional, tal y como desveló una investigación periodística de 2021 coordinada por la organización francesa Forbidden Stories con apoyo técnico de Amnistía Internacional (AI).

El consorcio afirmó de hecho que uno de los móviles del presidente francés, Emmanuel Macron, figuraba en una lista de objetivos de este sistema de espionaje, junto al expresidente de la Comisión Europea Romano Prodi y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, este cuando ejercía de primer ministro belga.

Los teléfonos móviles del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron sometidos a escuchas "ilícitas y externas" por el sistema de ciberespionaje Pegasus, según dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional de los que ha informado el propio Ejecutivo español.

50.000 TELÉFONOS OBJETIVOS

En el verano de 2021, una investigación periodística global desveló que Pegasus había sido utilizado por Gobiernos de todo el mundo, desde Arabia Saudí hasta México, para espiar a activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos. Los trabajos, coordinados por la organización francesa Forbidden Stories con apoyo técnico de Amnistía Internacional (AI), levantaron una oleada de condenas en todo el mundo, aunque los gobiernos supuestamente implicados negaron su relación con el uso ilegítimo del programa.

Unas 50.000 personas fueron identificadas como potenciales objetivos de este programa, entre ellos hasta 180 periodistas dedicados a investigar casos de corrupción o violaciones de derechos humanos y del que no escaparon tampoco algunos dirigentes.

MACRON Y MIEMBROS DEL GOBIERNO FRANCÉS

El consorcio afirmó de hecho que uno de los móviles del presidente francés, Emmanuel Macron, figuraba en una lista de objetivos de este sistema de espionaje, e implicaba a Marruecos como cliente de esa compañía. El Gobierno francés puso en marcha un proceso de verificaciones y la Justicia francesa abrió una investigación, mientras Rabat negó cualquier implicación en el escándalo.

En septiembre de 2021, el sitio de información Mediapart extendió el presunto espionaje a cinco ministros franceses, aunque los análisis técnicos no pudieron determinar si los móviles fueron realmente infectados o si únicamente fueron objeto de una identificación para una posterior tentativa de utilización.

Al margen de Francia, el expresidente de la Comisión Europea Romano Prodi también figuraría entre los presuntos espiados por Pegasus, así como el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. En este último caso, el seguimiento habría tenido lugar cuando el político todavía era primer ministro de Bélgica, según indicó el diario belga "Le Soir", que colaboró con el consorcio.

En Hungría, y tras las diligencias abiertas por la Fiscalía de Bucarest, se supo que entre los teléfonos espiados se encontraban los del periodista Dániel Németh, que investigaba la lujosa vida de personajes cercanos al Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán.

EL CASO CATALÁN

Uno de los últimos casos de supuesto espionaje por Pegasus es el revelado por el semanario estadounidense The New Yorker, en abril de 2022, con datos de The Citizen Lab, y según el cual más de sesenta dirigentes independentistas, catalanes en su mayoría, y vascos, habrían sido víctimas del programa.

Entre los investigados, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, los expresidentes Quim Torra y Artur Mas, y el entorno de Carles Puigdemont. El supuesto espionaje coincidió con los años más convulsos en Cataluña, cuando el Gobierno catalán convocó en 2017 un referéndum de secesión declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. El caso español era calificado por Citizen Lab como el de mayor envergadura hasta ahora analizado, por encima de ataques como los dirigidos hacia periodistas de Al Jazeera (36 víctimas) o a disidentes en El Salvador (35 víctimas).

SANCIONES

Para frenar la impunidad contra el programa, EEUU impuso ya sanciones contra su fabricante, la empresa israelí NSO Group, vetando su acceso a la tecnología estadounidense; mientras que Israel endureció el control de sus exportaciones cibernéticas. La empresa siempre sostuvo que sus productos están destinados a perseguir a terroristas y criminales, aunque no puede controlar cómo sus clientes los utilizan. En enero de 2022, el presidente de NSO, Asher Levy, presentó sin embargo su dimisión después de que se destapara que el programa había sido utilizado por la Policía de Israel para espiar a ciudadanos sin orden judicial.