Representante de 14 Lawyers, organización con sede en Bilbao, Ignacio Rodríguez (Getxo, 1977) explica que el objeto de esta entidad es “prestar apoyo a abogados defensores de derechos humanos que trabajan en contextos hostiles”. Uno de los países donde la situación resulta acuciante es Afganistán, de nuevo en la casilla de salida, y otra vez, tras las dramáticas evacuaciones de agosto, fuera del foco informativo.

¿Cuál es la situación ahora mismo?

—Mucha gente apostó por la democracia en Afganistán, porque había una cobertura internacional que permitía el establecimiento de un sistema democrático. Abogados, fiscales, periodistas se expusieron, apostaron por su país, y de la noche a la mañana la comunidad internacional hizo las maletas y se fue. Desde este fatídico agosto, con esa evacuación tan caótica y tan extrema desde el punto de vista humanitario, se han ido evacuando poco a poco a fiscales, jueces y abogadas, pero en términos relativos los números son ridículos. La plantilla de fiscales que gestionaba el fiscal general del Estado eran 3.500, de los cuales el 23% eran mujeres, unas ochocientas. Nosotros hemos extraído a una treintena y sus familiares. Es un dato muy pequeño.

Dice que las evacuaciones son ahora muy escasas y muy dificultosas.

—En la comunidad internacional, incluida España, la tramitación de protecciones internacionales y de los visados está siendo no solo muy lenta, sino además muy problemática. Esperamos un compromiso mucho mayor del Ministerio de Asuntos Exteriores. Así como el Ministerio de Justicia siempre ha sido muy colaborador, el nudo está en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y los atascos en Islamabad, en Teherán y en Abu Dhabi siguen siendo tremendos. Estas personas están fuera de su país, sin fuente de ingresos, incluso viviendo en países como Pakistán digamos hostiles con los afganos. Y literalmente hay abogados, fiscales y jueces que están durmiendo en la calle, porque ya no tienen fuente ingresos. Llevan cuatro meses esperando un visado que nunca llega. La situación es dramática. En el interior de Afganistán los que no han conseguido salir están escondidos en casas de otras personas. A sus casas ya han entrado, han preguntado a vecinos, familiares, para intentar localizarles, y ya ha habido asesinatos de jueces, fiscales y abogados y casos de desapariciones. Estamos seguros de que la represión va a continuar. Además, no solo hay que poner el foco en los talibanes, sino en el crimen organizado, que en Afganistán tiene una enorme fuerza. Con la llegada de los talibanes se abrieron las cárceles y las personas que participaron en sus juicios son objetivo del crimen organizado. Y particularmente las mujeres jueces, fiscales y abogadas.

¿Es cuestión de voluntad política entonces?

—Absolutamente.

¿Por parte de la Unión Europea, también de España en particular?

—La clave está en la Unión Europea. Pero ningún país está teniendo el más mínimo liderazgo en gestionar esto. Creo que España se ha conformado con la evacuación de agosto, que fue errática y circunscrita principalmente a colaboradores de España.

¿Era el caso del fiscal?

—No, en su caso, aunque no lo era, sí conseguimos sacarlo con la ayuda de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y con muchísimo esfuerzo y con la colaboración del ejército americano, que lo llevó al aeropuerto, dado que era una persona pública. Estuvimos una semana moviéndole de casa en casa, porque lo perseguían día y noche y por los pelos conseguimos extraerlo. Fueron días dramáticos.

¿En qué más se tiene que demostrar la voluntad política?

—No solo con cuotas de personas protegidas que puedan ser acogidas por los distintos países. Tiene que ser una solución de miras más largas, y no existe ese compromiso por parte de las instituciones europeas ni por los gobiernos de los países que lo integran, muy a nuestro pesar. España puede hacer más y tiene que tener la valentía de influir en Europa para que la situación de estas personas se resuelva.