El Gobierno de Estados Unidos ha presentado una acusación penal contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, acusándolo de tráfico internacional de drogas. Así lo confirmó ayer el Departamento de Justicia en una comparecencia del fiscal general, William Barr, retransmitida por Internet, en la que anunció “recompensas por información que pueda llevar a la detención y al arresto” de Maduro y otros miembros de su régimen.

Los otros oficiales venezolanos acusados son Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; Hugo Carvajal Barrios, exdirector de la inteligencia militar; el general retirado Cliver Alcalá Cordones, y Tareck Zaidan El Aissami Maddah, ministro de Industria y Producción Nacional. El Gobierno ofrece una recompensa de 15 millones de dólares a cambio de información sobre Maduro (unos 13,6 millones de euros al cambio), y 10 millones por información que conduzca a la detención de los otros dirigentes chavistas.

Barr acusó a Maduro de liderar un auténtico cártel integrado por funcionarios chavistas que “ha permitido usar Venezuela como un lugar seguro para el narcotráfico” hacia EE.UU.

“La imputación de Maduro y los demás acusados por supuesta conspiración para inundar EE.UU. de cocaína implica a la extremadamente violenta organización terrorista de las FARC”, indicó el fiscal general.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el cártel capitaneado por Maduro se habría aliado con las FARC, “uno de los mayores productores de cocaína de todo el mundo”, para conseguir la droga.

El dirigente venezolano habría ofrecido “protección política y militar a las FARC” y les habría entregado armamento para luchar contra el Estado colombiano a cambio de que fueran su proveedor.

Barr explico, con la ayuda de un mapa, que Maduro y las FARC habrían conseguido introducir entre 200 y 250 toneladas de cocaína cada año en Estados Unidos.

Desde su época como ministro de Exteriores del Gobierno de Chávez, Maduro se habría asegurado de “mantener abierta la puerta entre Colombia y Venezuela”, de modo que la droga entrara por la frontera terrestre.

Una vez en Venezuela, habría proporcionado las instalaciones para la transformación de la droga y la logística para enviarla a EE.UU. Según Barr, usaría dos rutas, una aérea que llevaría la cocaína a Centroamérica y desde allí, en alianza con cárteles locales, hacia Estados Unidos, y otra marítima por el Caribe.

El jefe del Departamento de Justicia señaló que el cártel tenía varios objetivos: “llenarse los bolsillos”, consolidar su poder y “usar la cocaína como un arma” contra Estados Unidos.

Para garantizar que estas imputaciones surten efecto, los departamentos de Justicia y Estado han anunciado una recompensa de hasta 15 millones de dólares a cambio de cualquier información que permita “detener y/o procesar” a Maduro. La Administración de Donald Trump también ha ofrecido recompensas de hasta diez millones de dólares por la detención de Cabello, El Aissami y Alcalá Cordones.

“El pueblo de Venezuela merece un Gobierno transparente, responsable y representativo que sirva a las necesidades de su pueblo”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en Twitter.

Sanciones previas. EE.UU. ha dictado numerosas sanciones contra Maduro y altos cargos venezolanos pero los cargos penales suponen un salto cualitativo en su ofensiva para lograr elecciones “libres” en la nación caribeña.

Defensa de Guaidó. Washington es el principal valedor de Juan Guaidó en la comunidad internacional, al que reconoce como “presidente encargado”. Guaidó ha prometido desahuciar a Maduro para dar paso a una “democracia”.