Tegucigalpa - La muerte de 18 presos en un tiroteo en una cárcel de Honduras deja al descubierto el tráfico de armas y la infiltración del crimen en los presidios, considerados una "bomba de tiempo" por el hacinamiento y otras condiciones precarias en las que viven los reclusos. El hecho violento se produjo entre las 16.00 y 17.00 hora local del viernes en la cárcel de Tela, departamento caribeño de Atlántida, donde se dio un tiroteo entre reclusos que se saldó con 18 muertos y 16 heridos.

Las autoridades han decomisado en las últimas horas cinco armas de fuego que supuestamente fueron utilizadas por los presos. La matanza se registra dos días después de que una junta interventora de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina) tomara el control del sistema penitenciario por orden del Ejecutivo para garantizar el correcto funcionamiento de los presidios.

Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lamentó la matanza en el penal y se preguntó "cómo introdujeron armas y tantas municiones" en la cárcel. "Para disparar a 18 personas que mataron y a 16 que quedaron heridas, es decir a 34 personas, se usaron instrumentos de lesión: armas de fuego", enfatizó Ayestas. Señaló que este hecho debe "llamar poderosamente la atención" de las autoridades, pues el decreto ejecutivo ordena que la Fusina debe tomar el control total del sistema penitenciario a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, pero lo están haciendo de manera paulatina. "Es realmente una catástrofe para las familias que creen que en las cárceles van a estar seguros o con vida sus familiares", subrayó Ayestas.

Lamentó además que el Estado no "resguarda" la vida de los reclusos en el sistema penitenciario, que alberga a unos 22.000 presos, cuando su capacidad máxima es de 8.000, y menos de la mitad de los reos han sido sentenciados. Las autoridades deben "analizar por qué y para quién va el mensaje, quién era el objetivo o por qué se inicia la discusión en la que terminan tantas personas muertas", añadió.

Matanza La matanza supone una "violación de los derechos humanos porque las personas que murieron (en el penal) quizás no tenían algo con que defenderse", enfatizó la directora del Observatorio de la Violencia.

Las cárceles son "para pagar un delito, decirle a la sociedad: Yo hice esto, estoy resarciendo el daño por ese delito, pero cuando no se le garantiza el mínimo derecho, el de la vida, se vuelve un problema, porque esto nos pone en la cola mundial como un país en el que en las prisiones ocurren muchas muertes violentas".

Diversos organismos de derechos humanos han denunciado en reiteradas ocasiones la grave situación de los centros penitenciarios del país, aquejados de problemas de infraestructura, superpoblación y un número de presos en detención preventiva en el país que supera al de los condenados. - Efe