Bruselas - Liviu Dragnea, el hombre fuerte del Partido Socialdemócrata de Rumanía, ha caído. Entrará a la cárcel con una condena de tres años y medio mientras el Ejecutivo socialista rumano sigue inmerso en un mar de dudas sobre su respeto a los valores democráticos y el Estado de Derecho y la sombra del Artículo 7 se cierne, cada vez más, sobre este país al Este del bloque comunitario.

Este lunes el Tribunal Supremo de Rumanía condenaba a Liviu Dragnea, líder del partido socialista, a tres años y medio de prisión al desestimar el recurso presentado en primera instancia contra su pena por corrupción. No es el primer escándalo que envuelve a Dragnea, inhabilitado desde 2016 para ocupar cargos en el gobierno por una condena anterior y de quien se dice que dirige el país “en la sombra”. Esta pena supone el tercer batacazo para el partido Socialdemócrata, que el pasado domingo perdía las elecciones europeas a la vez que salía adelante, por una gran mayoría, el referéndum para blindar las leyes contra la corrupción que desde el Gobierno llevan años intentando suavizar.

Aprovechando la convocatoria de los comicios europeos, el presidente conservador del país, Klaus Iohannis, convocó el llamado referéndum anticorrupción para poner freno a la ola de reformas llevadas a cabo desde el Gobierno en menoscabo del sistema judicial. Según los datos ofrecidos por las autoridades, más de 6 millones de ciudadanos (el 80% de los que acudieron a votar), se declararon a favor de prohibir los indultos a corruptos y los decretos gubernamentales para reformar la justicia.

Bruselas lleva meses mirando con preocupación a Rumania, donde las reformas del Código Penal para reducir las penas y el tiempo de prescripción de los delitos de corrupción han hecho saltar las alarmas. El sistema judicial se ha visto amenazado por los decretos del Gobierno socialista tales como la eliminación de la supervisión por parte del fiscal general sobre la unidad especial de la Fiscalía encargada de supervisar la agencia anticorrupción rumana (DNA).

Los ataques contra el Estado de Derecho, siguiendo el camino de Polonia y Hungría, llevaron a la Comisión Europea a plantear la aplicación del temido Artículo 7 de los tratados de la UE. También la familia política de gobierno rumano en Bruselas ha advertido estar quedándose “sin paciencia”. Así lo expresó Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea y spitzenkandidat de los Socialdemócratas, en una carta enviada el Ejecutivo de Rumanía tras la cumbre celebrada en Sibiu el pasado 10 de mayo.

Relaciones congeladas De hecho, la relación entre el Partido Socialdemócrata de Rumanía (PSD) y su matriz comunitaria, el Partido de los Socialistas Europeos (PES), pasa por un momento complicado. Las relaciones están congeladas, una suerte de suspensión como la de Viktor Orbán y su partido Fidesz con el PPE, hasta que el Gobierno rumano “aclare su compromiso con el Estado de Derecho”, tal y como expresaba en una misiva enviada al Ejecutivo de Bucarest Sergei Stanishev, presidente del PES.

Sumado esto a los malos resultados logrados por el partido en el Gobierno en las recientes elecciones europeas, la situación para el PSD se complica día a día.