Historias vascas

Manuel de Irujo: El defensor de trotskistas

23.10.2021 | 00:31
Miguel José Garmendia, Manuel Irujo, Joseba Elosegi, Juan Olasagasti y José Lecaroz, en Catalunya.

'Quien se arrodilla ante el hecho consumado es incapaz de enfrentar el porvenir'

Los Fets de Maig (Sucesos de Mayo), acaecidos en la primavera barcelonesa de 1937, generaron un movimiento insurreccional revolucionario donde fuerzas anarquistas y trotskistas se enfrentaron a las fuerzas republicanas y de la Generalitat de Catalunya. Alrededor de 280 personas murieron en aquella lucha fratricida. Mariano Ansó, exalcalde de Iruñea y diputado por Gipuzkoa en las Cortes de 1936, definió aquellos hechos como "espectáculo delicuescente [decadente] y suicida".

Tras el aplastamiento de la revolución, las consecuencias no se hicieron esperar. En lo gubernamental, abandonado por su propio partido, caía el 13 de mayo el gobierno del socialista Francisco Largo Caballero y el también miembro del PSOE Juan Negrín (exministro de Hacienda) se hacía cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, nombrando titular de Justicia al abertzale navarro Manuel Irujo. Los comunistas lograban asimismo que el nuevo ejecutivo excluyera a los miembros de la CNT. En lo espiritual, comenzaba a atenuarse la intolerancia religiosa y, en la vertiente más partidista de la política, el ortodoxo PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), afín a las tesis de Moscú, comenzó su particular venganza contra la izquierda más heterodoxa.

El POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), trotskista y de inspiración antiestalinista, proclamó desde los primeros compases de la contienda la necesidad del triunfo revolucionario como vía para la victoria en la guerra y, en consecuencia, Andreu Nin, su principal dirigente, realizó el 26 de abril de 1937, un encendido llamamiento a la clase trabajadora para que tomara inmediata y pacíficamente el poder, "ya que, de lo contrario, tendría que hacerlo violentamente". Con aquellos antecedentes, no resulta extraño saber que Nin (años atrás secretario de Trotski) y sus compañeros mantuvieron una posición activa y de vanguardia en el proceso insurgente de la Ciudad Condal.

Tal como el escritor británico George Orwell (testigo directo de los acontecimientos) había imaginado, "Comprendí vagamente que, cuando la lucha concluyera, el POUM, que era el chivo expiatorio más propicio, cargaría con toda la culpa", el final de los Fets de Maig derivó en una dura represión contra los trotskistas.

Andreu Nin, firme defensor de arrancar de raíz el problema de la Iglesia, "no dejando una iglesia en pie, suprimiendo los sacerdotes, las iglesias y el culto", fue detenido y trasladado a Valencia, donde permaneció incomunicado durante tres días en los calabozos de la Dirección General de Seguridad. Encarcelado posteriormente en varios centros de la capital de España ("Ortega, director general de Seguridad y ex gobernador civil de Guipúzcoa, lo llevó a Madrid y lo entregó a los rusos"), fue extraído irregularmente de su última prisión en Alcalá de Henares y secuestrado en represalia por las disputas en el entorno político comunista, por agentes de la NKVD, la inteligencia soviética, siguiendo las órdenes del general Orlov (nombre en clave de Lev Lazarevich Kikolsky). El espionaje ruso trató en todo momento de atribuir aquel delito a la Gestapo alemana y a sectores falangistas españoles.

Torturado y asesinado 

Aunque posteriormente se supo que en aquel chalet alcalaíno –propiedad del general comunista Ignacio Hidalgo de Cisneros–, Nin fue torturado y asesinado "sin dejar rastro del cadáver", lo cierto es que los hechos estuvieron envueltos en un halo de misterio, rumores e incertidumbre que alimentaron en algunos sectores la esperanza de encontrar con vida al dirigente trotskista (exconsejero de Justicia de la Generalitat).

En aquel escenario de confusión y especulaciones diversas, Irujo, como nuevo responsable de la cartera de Justicia, se involucró absolutamente y, estando convencido de que el desaparecido aún permanecía con vida (así se lo hizo saber a su mujer, Olga Tereeva), puso en marcha un intenso dispositivo de búsqueda (a la postre infructuoso) dirigido por el inspector de prisiones y persona de su máxima confianza, el jeltzale navarro Miguel José Garmendia (comandante de gudaris). Incluso llegó a amagar con su cese, "presentamos la dimisión Zugazagoitia y yo. Prieto, que era ministro de Defensa, también dimitió", y el Consejo de Ministros de los días 14 y 15 de julio de 1937 se convirtió en una batalla frontal de estos ministros contra los miembros comunistas del gabinete.

Además, el político estellés se convirtió en acompañante oficial de un grupo de comisionados europeos representantes de organizaciones humanitarias y formaciones políticas de izquierda (laboristas británicos y holandeses, socialistas franceses, democristianos y católicos de izquierda, Liga de Derechos del Hombre etc.) que buscaban datos sobre la desaparición de Andreu Nin.

Paralelamente, el ministro de Gobernación, el socialista vizcaino Julián Zugazagoitia, decretó el cese fulminante como director general de Seguridad del teniente coronel Ortega por su actitud negligente en el ejercicio del cargo. Dada su insistencia en el esclarecimiento de los hechos, Negrín autorizó a Irujo la creación de un juzgado especial que investigara el caso. El líder abertzale otorgó plenos poderes al fiscal del juzgado especial, Gregorio Peces Barba del Brío (padre del que posteriormente sería presidente del Congreso de los Diputados), y éste hizo detener a varios elementos de filiación comunista.

El caso Nin dañó enormemente la imagen internacional de la República. Años después, en una conversación con su biógrafa, Irujo recordaría que "en los círculos internacionales orientados hacia la izquierda produjo un efecto desastroso. Si la derecha estaba con Franco y por tanto contra la República, y la izquierda se ponía también en contra, imagina la solución que nos quedaba". La única consecuencia positiva de aquel trágico suceso, fue la excarcelación de 200 sacerdotes de la prisión gubernativa de Barcelona tras el nombramiento del nuevo director de Seguridad (Carlos Manuel de Juan) a sugerencia de Irujo.

Manuel Irujo expuso certeramente las verdaderas razones de aquellas circunstancias: "lo que los comunistas querían, más que hundir a los anarquistas, era hundir al POUM (...) se odia más al hereje que al enemigo. El POUM era trotskista y para el estalinismo esto constituía una herejía".

Porque no solo fue Nin el represaliado tras los Sucesos de Mayo. Todos los miembros del Comité Ejecutivo del POUM (Andrade, Gorkin, Escuder, Arquer) fueron encarcelados y acusados, sin pruebas, de espionaje profascista. Debido a su excesivamente prolongada estancia en prisión y a las duras condiciones carcelarias, se inició una huelga de hambre, tanto en la cárcel de mujeres de Barcelona como en la de hombres de Barcelona y Valencia, huelga participada asimismo por presos antifascistas y extremistas extranjeros, perseguidos por el estalinismo español. La protesta internacional por estos desmedidos encarcelamientos iba en aumento y la huelga de hambre corría el riesgo de terminar trágicamente. Para dar fin con aquella situación, Irujo, a través de uno de sus secretarios, envío una solicitud de entrevista en la cárcel de mujeres de Barcelona con la austriaca antifascista Katia Landau, que cinco meses después de su arresto seguía sin juicio y sin información sobre su marido, el excolaborador de Trotski Kurt Landau, que contaba como desaparecido. Celebrada la cita, "al cuarto de hora de salir el Ministro (...) La huelga había terminado. Al día siguiente entraban en las dos cárceles de Barcelona y Valencia, un juez, un fiscal y un secretario. Los presos querían ser juzgados". Tras la entrevista mantenida con Irujo, la Sra. Landau declaró: "Este vasco, cristiano, católico, liberal, demócrata, no es un agente de Stalin. Es un hombre incapaz de perseguir. Es un republicano. Tiene un profundo sentido humano. Es un amigo del pueblo".

En el juicio, ocho militantes trotskistas condenados a la pena capital, al ser preguntados por el presidente del Tribunal si presentaban alegaciones, respondieron que "declare el Ministro". Irujo ya había dejado de ser miembro del Gobierno y, estando en París, fue reclamado por el embajador español en Francia, Sr. Ossorio y Gallardo, destacado intelectual: "Amigo Irujo, le llamo porque en Barcelona están procesando a miembros del POUM. El fiscal les ha acusado de traición; esto significa la pena de muerte. Presenta una documentación que prueba categóricamente las relaciones existentes entre el franquismo y el POUM con el fin de entregar la zona republicana al franquismo. Yo creo que es una monstruosidad". D. Manuel, al igual que Julián Zugazagoitia, era de la misma opinión: "Esta documentación es tan falsa como el alma de Judas" y, embarcado en un avión fletado por la embajada, se presentó en el juicio. Convertido en una especie de abogado defensor, Irujo declaró durante hora y media, logrando trocar la acusación fiscal de traición a rebelión. La pena de muerte fue conmutada.

La mayor parte de ellos fueron expulsados de territorio republicano, sin que pesara sobre ellos hecho delictivo alguno, ya que la legislación impulsada por Manuel Irujo en su etapa como titular de Justicia permitió la conmutación de penas de detención por la de destierro para los extranjeros.

Desgraciadamente, algunos de ellos serían fusilados más tarde por los franquistas porque cuando ocuparon Barcelona los encontraron en la cárcel.

Siguiendo con la cita de Lev Davidovich Bronstein que encabeza el artículo, Manuel Irujo Ollo no se arrodilló ante el hecho consumado: defendió a ultranza la legalidad, atacó la conculcación de derechos incluso en tiempo de guerra, defendió sin mirar a ideologías. Así afrontó con dignidad el porvenir.

El autor

Patxi Agirre Arrizabalaga

 

Villabona (Gipuzkoa). Licenciado en Historia y Máster en Historia Contemporánea de España en el Contexto Internacional (ambos en la UNED). Actualmente, está en la fase final de la presentación de su tesis doctoral 'El hecho religioso en la vida política de Manuel Irujo', bajo la dirección de Santiago De Pablo en la UPV/EHU.

El asesinato de Nin y la persecución a la cúpula del POUM causó un enorme daño a la imagen de la República a nivel internacional

En el juicio, ocho militantes trotskistas condenados a muerte reclamaron que "declare el Ministro", en referencia a Manuel de Irujo


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