Santander. El ministro de Industria, José Manuel Soria, reconoció ayer que serán los consumidores los tendrán que pagar el proceso de reantenización de la TDT que se llevará a cabo para permitir lo que se conoce como dividendo digital -liberación de parte del espectro radioeléctrico para desarrollar tecnologías de telefonía de última generación 4G- que, no obstante, pasará a tener un coste de 300 millones de euros, frente a los 900 presupuestados. "Va a ser un coste de 300 millones y lógicamente tendrán que hacer frente a él los consumidores. Este Gobierno responde de lo que hace y no se responsabiliza de lo que hizo el anterior. Es verdad que (el Ejecutivo actual) tiene que asumir una situación de partida que venía como consecuencia del Gobierno anterior y pretendemos mejorarla. Así, lo que comportaba un coste de aproximadamente 900 millones de euros será de unos 300 millones", aseguró.

El Gobierno de Zapatero indicó que destinaría 800 millones de euros del proceso de subasta de frecuencias móviles -que aportó a las arcas del Estado unos 1.650 millones- para la reantenización de la TDT, de forma que los ciudadanos "no sufrieran una paralización de las emisiones de televisión ni sus costes". "Hay que tener en cuenta que hay cuatro canales en el plan actual. A diferencia del anterior, la televisión privada pasa de seis canales múltiplex de televisión a cinco y, al tiempo, los públicos pasan de diez a ocho", explicó el ministro, que acentuó que será un plan "sensiblemente mejor". Respecto a los plazos en los que el consumidor deberá asumir este coste, se limitó a decir que dependerá del ritmo al que los usuarios quieran ir reantenizando sus instalaciones con el fin de reubicar esos canales múltiplex, que hoy está en la parte de espectro conocida como dividendo digital y que tiene que migrar a la parte no liberada. En cualquier caso, el plazo para llevar a cabo el dividendo digital está fijado para enero de 2014, un año antes de lo previsto.

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes (ATR) y la asociación Facua-Consumidores en Acción criticaron inmediatamente que el Gobierno pretenda hacer pagar a las comunidades de vecinos y propietarios de viviendas unifamiliares estos 300 millones de euros.