Empleados extranjeros de La Gilda del Norte, que tenían que preparar "120 tarros de gildas al día", han acusado al dueño de la empresa vizcaina de ordenarles "esconderse en el baño" cuando había inspecciones de trabajo porque, durante el tiempo que trabajaron en el invernadero de Lezama o en las instalaciones de Basauri, estaban en situación irregular y no tenían contrato de trabajo.
La Audiencia de Bizkaia ha acogido este martes la primera sesión del juicio contra el propietario de La Gilda del Norte y su hija, acusados ambos por presuntos delitos "continuados" contra los derechos de sus trabajadores, entre ellos, contratación irregular, incluido a menores de edad, e incumplimiento de la normativa de riesgos laborales.
Las acusaciones particulares que representan a tres de los trabajadores personados en la causa, dos mujeres y un hombre, solicitan seis años de cárcel para el dueño de la empresa y diez meses de prisión para su hija, mientras que la Fiscalía deja la petición de condena en un año para el empresario y exime a la hija. Además de la condena, reclaman una indemnización de 7.500 euros "por daños morales", mientras que la defensa pide la libre absolución de sus representados.
En esta primera sesión han declarado los tres trabajadores personados en la causa y tres testigos que también fueron empleados en La Gilda del Norte y desarrollaron sus trabajos tanto en las instalaciones de la empresa en Basauri, como en los invernaderos de Lezama.
Todos ellos han relatado que empezaron a trabajar a través de familiares o conocidos que ya se encontraban trabajando en la empresa y que comenzaron a realizar sus tareas sin recibir instrucciones de ninguna clase y sin contrato, ni alta en la Seguridad Social.
Una de las denunciantes, que entró en la empresa a través de su hermana, ha explicado que fue "directa a trabajar en el obrador" sin tener contacto con el dueño. Allí le enseñaron a hacer las 'gildas' y también estuvo un mes en el invernadero de Lezama "cortando guindillas". Según ha declarado, trabajaban de seis de la mañana a dos de la tarde por 800 euros, que recibían "en metálico en un sobre", y les pagaban 25 euros extra si se quedaban a trabajar por las tardes y 50 euros más si iban los sábados.
Ha dicho que recibió instrucción del dueño de la empresa para "esconderse" durante las inspecciones de trabajo, porque no tenían documentación y "podía ser un problema para él". "Una vez nos metimos en el baño y otra al congelador mientras se realizaba la inspección", ha dicho, para añadir que, tras dos inspecciones entre diciembre de 2020 y mayo de 2021, pasaron a trabajar en el turno de noche, de ocho de la tarde a seis de la mañana.
La denunciante, que ha dicho que también realizó tareas de limpieza, ha explicado que el dueño de la empresa le dijo que, a medida que fuera pasando el tiempo, regularizaría su situación con un contrato que "nunca hizo", y también ha señalado a la hija del empresario como "la jefa del invernadero" y la persona "encargada de dar las pautas de trabajo y de recogida de pedidos" en el pabellón de Basauri y de "controlar los horarios" en un "cuaderno".
Sobre las condiciones de trabajo, ha asegurado que eran de "explotación, sin tiempo para comer, por la cantidad de pedidos que nos exigían" y ha dicho que, durante el tiempo que trabajó en la empresa, eran "unas 25 personas" en las mismas condiciones irregulares.
Otra de las denunciantes ha relatado también cómo tenían instrucciones del propietario de la empresa de "esconderse" porque "no teníamos papeles y nos podían hacer regresar a nuestro país" y que, a pesar de las "promesas", pasaron tres años y el empresario no le hizo contrato.
Cuando se quedó embarazada, ha dicho que se sintió "presionada" por el empresario y su hija, que le llegó a indicar "una clínica donde abortar". "Era el trabajo o mi embarazo, y yo quería tener a mi hijo", ha dicho, para asegurar que la hija del dueño era su "jefa", la que le "daba las órdenes" y la que "mandaba dentro del área de trabajo".
Tras marcharse de la empresa, el empresario contactó con ella para que "no denunciara" y le hizo llegar un sobre con 500 euros. No obstante, presentó demanda por despido nulo por causa del embarazo, aunque fue desestimada.
El tercer denunciante, que entró en la empresa por medio de una amiga de su madre, ha relatado que trabajó durante tres años en el invernadero de Lezama y alguna vez en las instalaciones de Basauri, y ha indicado que las "instrucciones" del empresario acusado ante las inspecciones eran "no abrir las instalaciones y que nos escondiéramos".
También ha señalado a la hija del empresario como la "encargada" en el invernadero y en Basauri, junto con otra mujer que ayudaba en esas tareas y que, según ha dicho, era la que llevaba el control del "cuaderno de las horas extras".
Menor de edad
En la sesión de hoy también ha declarado una testigo que era menor de edad cuando entró a trabajar en la empresa en las instalaciones de Basauri y ha corroborado las declaraciones de los denunciantes en cuanto a las instrucción de "esconderse" ante las inspecciones de trabajo, "un día en el baño y otro día en el montacargas", y también en relación al cobro del salario "en negro y en sobres".
Otra testigo, madre de un trabajador que ha denunciado a la empresa, ha declarado que empezó a trabajar en La Gilda del Norte por medio de una amiga, que fue "directa a la mesa a trabajar" y que el empresario les pedía 120 tarros diarios y les ordenaba que si llegaba la inspección tenían que esconderse "porque tenia miedo a que le multaran y nos deportaran". En la actualidad, ha dicho que su hija sigue trabajando en la empresa y ha manifestado tener la "percepción" de que le ofrecieron el empleo ante la "necesidad que teníamos" tras dejar de trabajar en la empresa y "para que no denunciáramos".
Por último, ha declarado un testigo que trabajó en la empresa durante un año "con contrato de ocho horas" y con el suelo del salario mínimo interprofesional vigente, que ha señalado a la hija del empresario como la encargada de supervisar los pedidos.
Tanto los denunciantes como dos de los testigos han asegurado que nunca recibieron formación sobre prevención de riesgos laborales, ni accedieron a reconocimientos médicos y tampoco les facilitaron equipos de protección individual para el trabajo, ni siquiera mascarillas durante la pandemia del covid.
El juicio continuará este miércoles con la declaraciones del acusado, mientras que su hija se ha acogido a su derecho a no declarar y no estará presente en la sesión de mañana, en la que también está previsto que testifiquen agentes de la Policía Nacional e inspectores laborales que participaron en las inspecciones de trabajo.