El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirma la sanción de 45.000 euros a una inmobiliaria por imponer la compra de muebles como condición para la venta de viviendas protegidas.
Una decisión que ha celebrado el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco. En este contexto, el consejero Denis Itxaso ha subrayado que “las dinámicas especulativas son las que más dañan el mercado residencial y el mercado de la vivienda”, y ha defendido que “el Gobierno aboga por un mercado más sano, donde lo especulativo no presida las compraventas de las viviendas”.
Según los hechos probados, la inmobiliaria exigía el pago íntegro de contratos de muebles como condición indispensable para elevar a escritura pública la venta del inmueble. Además, se detectó que el inventario de supuestos muebles incluía de forma injustificada elementos que forman parte de la propia estructura de la vivienda, tales como la bañera, el lavabo, el bidé o el inodoro.
Fallo judicial
El fallo judicial es claro: la libertad de pactos entre particulares tiene un límite infranqueable en la normativa de vivienda protegida. La sentencia ratifica la prevalencia de la legalidad vigente, subrayando que el artículo 26 de la Ley de Vivienda Vasca prohíbe taxativamente cualquier sobreprecio o percepción de cuantías que alteren el precio máximo permitido en la transmisión de viviendas protegidas. Itxaso ha sido tajante al afirmar que “en ningún caso podemos aceptar que con vivienda protegida se haga negocio”.
